Desde la asunción de Javier Milei como presidente, protestar en Argentina se convirtió en un delito. Las detenciones arbitrarias, la represión, la persecución y la violencia institucional son moneda corriente en las manifestaciones populares.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un informe sobre criminalización de manifestantes y restricción de libertades democráticas en Argentina.
En el estudio exponen que «quienes se manifiestan reciben insultos y amenazas de parte de las más altas autoridades políticas y sus seguidores en redes sociales. Para llegar al lugar convocado para una movilización hay que esquivar caminos bloqueados por las propias Fuerzas de Seguridad».
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«En la calle o el transporte público se puede ser objeto de demoras y requisas ilegales por parte de policías que buscan banderas y otros indicios de pertenencia política, algo no visto desde la dictadura militar».
A lo anterior, el CELS agrega que durante las protestas hay riesgos de sufrir golpes, empujones, enfrentar una corrida o persecución por parte de policías a pie o en motos. «Además, se está ante el escrutinio constante de las fuerzas policiales que hoy naturalizaron la práctica ilegal de filmar manifestantes para su identificación. Se corre el riesgo de una detención solo por estar ahí, manifestándose, trabajando o simplemente pasando por el lugar».
Datos alarmantes
El uso indiscriminado e ilegal de armas «menos letales» se convirtió en un rasgo permanente de la actuación policial en manifestaciones públicas. En lugar de utilizar esas armas como recurso para defenderse de agresiones o proteger a terceros, las utilizan como armas ofensivas, lanzando gases y disparando balas de goma como método para desalojar manifestantes.
Desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación:
- 665 personas fueron heridas de distinta gravedad, solo en CABA.
- 80 sufrieron detenciones arbitrarias en CABA, Córdoba y Rosario.
- 47 trabajadores de prensa sufrieron heridas.
- Más de 700 transportes públicos fueron requisados solo durante la manifestación del 20/12/2023.
«El objetivo del gobierno es claro: generar miedo y desmovilizar. El problema no es el orden, es la protesta», argumentan desde el CELS.
El organismo concluye: «Esta perspectiva sobre la protesta como delito, que habilita el uso irracional de
la fuerza, las detenciones arbitrarias y el debilitamiento o supresión de garantías constitucionales, no es nueva. Ya era conocida y sufrida en distintas provincias del país, como Jujuy, Chubut o Río Negro, especialmente por comunidades indígenas, sindicatos y asambleas ambientalistas. Hoy se transforma en la política del gobierno nacional a nivel federal».
