El gobernador Gerardo Morales había dispuesto penalizar con multas y arresto domiciliario al personal de salud que “incumpla” en su trabajo.
El Ministerio de Salud confirmó la derogación del Decreto Acuerdo Nº 1.444-S/2020 publicado el lunes en el Boletín Oficial y que establecía multas de hasta un millón de pesos a las trabajadoras y trabajadores del sistema sanitario que no cumplieran las disposiciones del COE en el marco de la pandemia.
¿Por qué se dio marcha atrás sobre la repudiada medida? Según el comunicado oficial, «en atención a que se logró superar las dificultades que lo originaron, el Ministerio de Salud anunció la derogación a partir del 3 de septiembre del Decreto».
El decreto, según justificaron las autoridades provinciales, surgió debido a que había 150 médicos aproximadamente que no concurrían a trabajar a los lugares donde se atiende Covid-19. Y la normativa pretendía “incrementar la atención a pacientes” con coronavirus.
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Tras conocerse la noticia, la Asociación de Profesionales de la Administración Pública (APUAP) que nuclea a trabajadores de la salud salió al cruce del anuncio adoptada por el Gobierno provincial.
Sobre la disposición de multas y arrestos, el sindicato sostuvo que se trataba de un trato “extorsivo” e “inconstitucional” y que el gremio iba a “defenderlos con la lucha colectiva y las acciones legales ante este atropello”.
Una vez conocida su derogación, desde APUAP escribieron: «La noticia de la derogación del DECRETO N 1444 S 2020, por el cual SE ESTABLECEN SANCIONES Y MULTAS a todos los trabajadores de la salud de la provincia, reafirma que el camino para la conquista y la defensa de nuestros derechos es la lucha organizada y colectiva de los trabajadores a través de sus organizaciones».
En ese mismo comunicado, señalaron que sus compañeros enferman y mueren por falta de EPP, en calidad y en cantidad, escasez de recursos humanos para rotaciones y el incumplimiento de protocolos de aislamiento.
Siguiendo el párrafo anterior, agregaron que trabajan en condiciones de precariedad laboral (contratos basura por tres meses), se les adeudan salarios y se los somete a descuentos.
«El Gobierno NO ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL COLAPSO SANITARIO y PRETENDE DESLINDAR LA MISMA EN LA POBLACIÓN Y EN LOS TRABAJADORES DE LA SALUD a quienes, además, hostiga y descuida, mientras prioriza los negocios, el pago de una deuda irresponsablemente contraída en dólares y la campaña política», enfatiza el sindicato.
