Mediante un decreto, el presidente dispuso la anulación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C.. «Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo» indicó vía Twitter.
Vía Twitter, el presidente de la Nación, Alberto Fernández anunció la anulación del DNU para intervenir por 60 días a Vicentín S.A.
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Al respecto, el presidente presentó dos argumentos principales:
- «El juez interviniente en el concurso no ha permitido que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía.
- Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019″.
Ante este panorama, Fernández indicó que se dispuso la anulación de la intervención de Vicentín. «El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo», agregó.
A su vez, indicó que en estas condiciones el estado nacional no comprometerá recurso públicos: «No estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores», subrayó.
El presidente también aclaró que «Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo«.
Por último, expresó que el rol del Estado es que se investigue las causas que llevaron a la empresa al estado de desidia luego de obtener grandes préstamos del Estado.
Por ello indicó que «He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado».
