René Favaloro se pegó un tiro al corazón el 29 de julio de 2000 porque un Estado ausente había dejado a su fundación al borde de la quiebra. Veintiséis años después, con Javier Milei cumpliendo un poco más de dos años de gestión, el sistema de salud argentino —público y privado— atraviesa un ajuste que, otra vez, deja al descubierto la misma pregunta: ¿qué vidas importan?
Cada 29 de julio, la sociedad recuerda a René Favaloro. No como una efeméride de manual, sino como una advertencia que la Argentina insiste en no escuchar.
El médico que le puso nombre al bypass coronario con vena safena, el mismo que dejó la comodidad de Cleveland para volver a operar al país, terminó escribiéndole una carta a Fernando de la Rúa antes de morir: «nuestra fundación está al borde de la quiebra». No era un problema personal. Era el síntoma de un sistema sanitario que, desde el Estado, no sostenía a quienes sostenían la salud del pueblo.
Ese diagnóstico, con nombres y gestiones distintas, se repite hoy. A dos años del gobierno libertario, los datos disponibles —el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, las cifras del Instituto Argentina Grande y la propia respuesta oficial al conflicto del Garrahan— dibujan un mismo movimiento: la salud, tanto pública como privada, se volvió más cara, más desigual y más dependiente de dónde y con qué recursos naciste.
¿Dato mata relato no?
El Estado nacional se retiró. Así lo describe, sin eufemismos, el informe Dos años de gestión del gobierno de Javier Milei en el sistema de salud argentino, elaborado por la Fundación Soberanía Sanitaria: entre 2023 y 2024 el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 31% en términos reales, y en 2025 se sumó otra caída del 13%, acumulando una baja del 34% respecto de 2023. No es un recorte contable: es menos vacunas, menos medicamentos, menos capacidad para sostener una política sanitaria federal.
El programa SUMAR, que financia el primer nivel de atención en las provincias, se desplomó un 28% en 2024. El programa de VIH perdió cerca de la mitad de su presupuesto ese mismo año.
La distribución de profilácticos y anticonceptivos a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se derrumbó en 2024. Por ejemplo, los preservativos distribuidos pasaron de un rango histórico de 10 a 24 millones anuales a solo 2,4 millones. Detrás de cada número hay una política de género y de derechos reproductivos que se desfinancia en silencio.
El PAMI, la obra social que —vale recordarlo— también le debía dinero a la Fundación Favaloro cuando el médico decidió quitarse la vida, cambió su esquema de cobertura de medicamentos: entre fines de 2023 y 2025, el gasto de bolsillo de los jubilados y jubiladas aumentó muy por encima de la inflación y de sus propios haberes. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos pueden correrlo.
Parece chiste, pero no
Hay una ironía que el propio informe de Soberanía Sanitaria expone en un cuadro: entre las transferencias nacionales a los hospitales de alta complejidad, el Hospital Dr. René Favaloro sufrió una caída real del 26% entre 2023 y 2025. El Garrahan, el más grande de los hospitales pediátricos del país, perdió un 14% en el mismo período. El Hospital Nacional Laura Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones, acumula una caída del 46%. El nombre de Favaloro, otra vez, atado al desfinanciamiento de la salud pública.
Y sobre el Garrahan, además, el propio Gobierno decidió intervenir el relato. En junio, la Casa Rosada difundió «Los héroes del Garrahan», un documental de catorce minutos que reivindica la gestión libertaria frente al hospital y reconstruye los conflictos gremiales de 2025 desde la mirada de quienes no adhirieron a los paros.
La producción, coordinada por Presidencia y el Ministerio de Salud, contrapone la «eficiencia operativa» del Gobierno a más de 40 medidas de fuerza de médicos residentes que reclamaban, al comienzo del conflicto, un aumento sobre un salario de bolsillo de 797.000 pesos. Del otro lado, Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, resumió lo que el documental oficial no cuenta: «esos procedimientos dependen de un complejo engranaje de oficios y profesiones que salió a la lucha porque no se aguantaba más el desastre salarial».
¿La salud privada fue la respuesta?
El discurso libertario prometía que, al retirarse el Estado, el sector privado iba a crecer. Pasó lo contrario. Según un informe del Instituto Argentina Grande basado en datos del INDEC, las cuotas de prepagas aumentaron un 417% desde que asumió Milei, muy por encima del 293% acumulado de inflación en el mismo período.
El resultado: 742.000 personas perdieron su cobertura médica —prepaga, obra social o mutual— y pasaron a depender exclusivamente del sistema público, que hoy contiene a más de 10.293.000 argentinos y argentinas sin ningún otro tipo de cobertura.
La proporción de la población con algún tipo de cobertura de salud cayó de 67,5% a 65,4% entre 2023 y 2025, en paralelo a la pérdida de 206.000 empleos registrados desde noviembre de 2023. Menos trabajo registrado es, también, menos obra social.
El propio informe lo señala sin vueltas: el objetivo declarado de achicar el Estado para agrandar al sector privado terminó, dos años después, dejando a más gente dependiendo únicamente de la salud pública.
Ni el sector privado se fortaleció ni el Estado dejó de ajustar: ambos se debilitaron a la vez, y quien pierde en el medio es la población, particularmente la que ya estaba en desventaja: personas con discapacidad —la Agencia Nacional de Discapacidad perdió un 25% real de su presupuesto entre 2023 y 2025—, y adultos mayores.
Favaloro no se guardó su diagnóstico
En su carta de despedida habló de una «sociedad corrupta que todo lo controla» y de una lucha contra un sistema que, decía, lo había derrotado. No hace falta compartir su decisión final para entender su advertencia: un sistema de salud que no es sostenido por el Estado termina expulsando a quienes más lo necesitan, y también agotando a quienes lo sostienen desde adentro.
Veintiséis años después, con un Gobierno que gobierna en nombre de la libertad individual, la salud argentina —pública y privada— vuelve a mostrar la misma grieta: la de un derecho que, cuando el Estado se retira, deja de ser garantía para todos y todas, y pasa a depender de la billetera de cada quien, o directamente, de la provincia donde a cada quien le tocó nacer.
La salud no puede ser vista/entendida solamente como un gasto, es un derecho. Recordar a Favaloro no alcanza si no se disputa, todos los días, el sistema que lo llevó a escribir esa carta.
