Un informe del Observatorio de Tierras advierte que más de 13 millones de hectáreas rurales están en manos de capitales extranjeros y que 36 departamentos superan los límites establecidos por la Ley de Tierras. Las zonas más afectadas concentran recursos hídricos, minerales y áreas estratégicas.
Mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa una mayor apertura para las inversiones extranjeras y busca avanzar con modificaciones al régimen de propiedad de tierras rurales, un informe del Observatorio de Tierras advierte sobre el grado de extranjerización del territorio argentino y su concentración en zonas con recursos naturales estratégicos.
Actualmente, más de 13 millones de hectáreas rurales pertenecen a empresas o capitales extranjeros, lo que representa más del 5% de la superficie del país. Estados Unidos, Italia y España concentran más de la mitad de esas tierras, aunque también existen importantes extensiones controladas por firmas de Chile, Suiza, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Qatar y sociedades radicadas en paraísos fiscales.
La preocupación crece porque, según el relevamiento, la adquisición de tierras no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en áreas de frontera, regiones con abundantes reservas de agua dulce, minerales estratégicos o corredores logísticos vinculados a la exportación.
Departamentos que superan los límites legales
Desde 2011, la Ley de Tierras Rurales establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de la titularidad de tierras rurales tanto a nivel nacional como provincial. Sin embargo, el informe revela que 36 departamentos argentinos exceden ese límite.
Entre los casos más críticos aparecen Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde la participación extranjera supera el 50% de la superficie rural. También se registran altos niveles de extranjerización en localidades ubicadas sobre la cuenca del río Paraná, como Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), además de Campana (Buenos Aires).
Los investigadores Matías Oberlin y Julieta Caggiano, quienes elaboraron el mapa a partir de datos oficiales obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública, sostienen que el patrón se repite en todo el país. Las inversiones se concentran en territorios con recursos naturales finitos, especialmente agua, glaciares, minerales críticos y vías navegables.
Recursos naturales y concentración de la propiedad
El informe identifica distintos focos de concentración de tierras extranjeras en varias provincias.
En Misiones, una de las jurisdicciones más próximas al límite legal, cinco departamentos ya lo superan. Allí predominan los capitales chilenos vinculados a la empresa forestal Arauco, dedicada al monocultivo de pinos. Según los investigadores, la expansión de estas explotaciones generó presión sobre pequeños productores y comunidades locales, además de un fuerte impacto sobre los bosques nativos y las cuencas hídricas.
En Chubut, el departamento de Cushamen presenta un elevado nivel de extranjerización, encabezado por la firma italiana Benetton, propietaria de unas 900.000 hectáreas. La zona también ha sido escenario de conflictos territoriales con comunidades mapuche y de reiterados incendios forestales.
Otro de los ejes señalados es la región del río Paraná, donde la presencia de capitales extranjeros se vincula al modelo agroexportador. Allí confluyen explotaciones agrícolas, puertos y corredores logísticos estratégicos para el comercio internacional.
Minería, agua y expansión del capital extranjero
Las provincias del oeste argentino muestran otra característica común: la concentración de tierras en áreas con proyectos mineros y reservas hídricas.
En Salta, alrededor del 11% de la superficie rural pertenece a empresas extranjeras, entre ellas compañías vinculadas a la explotación de hidrocarburos, minería y producción agropecuaria de gran escala.
En Malargüe (Mendoza), casi el 15% del territorio rural está en manos de capitales foráneos, en una región atravesada por proyectos de extracción de uranio, cobre, potasio, hierro y oro, además de importantes superficies glaciares.
La situación también se replica en Iglesia (San Juan), donde una cuarta parte de las tierras rurales pertenece a propietarios extranjeros; en Tinogasta (Catamarca), con el 27% de extranjerización; y en General Lamadrid (La Rioja), donde el porcentaje alcanza el 57%. En todos los casos, el Observatorio advierte una fuerte superposición entre proyectos extractivos, áreas glaciares o periglaciares y procesos de concentración de la propiedad.
La publicación del informe coincide con el impulso del Gobierno nacional para avanzar en una mayor flexibilización del régimen de inversiones y de la propiedad de tierras rurales, una iniciativa que ya había intentado sin éxito en el Congreso.
El debate excede la mera inversión privada y se vincula con el control sobre recursos estratégicos como el agua dulce, los minerales críticos, los corredores logísticos y los ecosistemas de montaña, en un contexto de creciente disputa global por los bienes naturales.
