El MNCI denunció la detención de Franco Matías Javier Oscari en un paraje rural de Jujuy durante un operativo de la Policía Federal ordenado por el juez Ariel Lijo.
La detención del joven campesino Franco Matías Javier Oscari en el departamento Santa Bárbara, Jujuy, generó el repudio de organizaciones campesinas e indígenas, que denuncian un uso desproporcionado del aparato judicial y policial contra integrantes de comunidades rurales en conflicto por la tierra y el territorio.
Según informó el Movimiento Nacional Campesino Indígena – CLOC Vía Campesina (MNCI), el operativo se realizó antes del amanecer el martes 23 de junio, en el paraje Las Goteras, donde Oscari vive y trabaja junto a su familia. La organización aseguró que el procedimiento contó con un importante despliegue de efectivos y que ni el joven ni sus familiares fueron informados en ese momento sobre los motivos de la detención.
Gloria Mamani, dirigente campesina, relató a Página 12 que el procedimiento se desarrolló alrededor de las cinco de la mañana y que los efectivos apuntaron con armas al detenido y a miembros de su familia. «No sabíamos por qué era la orden de detención», expuso.
Con la intervención de las abogadas María José Castillo, Samanta Delgado y Elizabeth Gómez Alcorta, la defensa logró establecer posteriormente que la medida había sido ordenada por el juez federal Ariel Lijo, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una causa por presuntas amenazas originada tras una denuncia presentada por la exministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich.
Oscari permanece alojado en la delegación jujeña de la Policía Federal mientras se aguarda la audiencia de imputación. Sus defensoras solicitaron su inmediata liberación y cuestionaron tanto la acusación como la modalidad del procedimiento.
De acuerdo con la versión de la defensa, el origen de la causa estaría vinculado a un mensaje publicado por el joven en redes sociales dirigido a Bullrich. No obstante, las abogadas sostienen que no existió amenaza alguna y remarcan que ni siquiera han podido acceder todavía al expediente judicial completo.
Un contexto atravesado por conflictos territoriales
La detención de Oscari no es azarosa ni aislada. La abogada María José Castillo advirtió que el procedimiento se produjo apenas un día después de que se resolviera la suspensión de un desalojo en una causa que involucra a familias campesinas de la zona.
Además, recordó que la madre del detenido integra el grupo de vecinos y vecinas que presentó un amparo ambiental contra el proyecto minero Martín Bronce, impulsado por la empresa MOM Mining SRL en Palma Sola. La acción judicial denuncia presuntas irregularidades en la autorización del emprendimiento y rechaza la instalación de una planta de lavado de metales en la localidad.
Desde el MNCI señalaron que Oscari cuenta con arraigo familiar, laboral y territorial, por lo que consideran injustificada una medida de privación de libertad de esta magnitud. También expresaron preocupación porque la orden haya sido emitida por un juzgado federal ubicado a más de mil kilómetros del lugar donde reside el joven.
La organización sostuvo que la familia de Franco forma parte de un proceso de reclamos históricos vinculados al acceso a la tierra, la permanencia en el territorio y la defensa de los medios de vida campesinos. En este marco, advirtió sobre los riesgos de judicializar los conflictos territoriales y responder con medidas represivas.
Finalmente, el movimiento exigió garantías para el debido proceso, el derecho de defensa y la libertad personal del joven campesino, además de reclamar que la Justicia actúe con imparcialidad. «Cuando un conflicto territorial se judicializa y la respuesta es una detención antes del amanecer, la preocupación ya no es solamente jurídica, es también democrática«, concluyó el Movimiento Campesino.
