En nombre de un proceso judicial más eficiente, la Fiscalía General decidió no girar la investigación sobre el femicidio de Agostina Vega al área especializada en violencia de género, a pesar de que el caso reúne los criterios para pertenecer a esta órbita y que el accionar del fiscal Garzón fue duramente cuestionado por su falta de perspectiva de género.
Recientemente la Fiscalía General ratificó su decisión de no girar el caso por el femicidio de Agostina Vega, niña de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en barrio Ampliación Ferreyra, al área de violencia de género.
La determinación de, a pesar de las duras y fundamentadas críticas contra el accionar del fiscal Rául Garzón en su investigación, continuar dejando el caso bajo su órbita, fue firmada el pasado martes por el fiscal General Carlos Lezcano y el fiscal General Adjunto Alejandro Pérez Moreno.
El único sospechoso hasta la fecha, con cuantiosa evidencia incriminante, es Claudio Barrelier, quien era amigo de la familia materna. El presunto femicida es un trabajador de la Municipalidad de Córdoba y barra brava de Instituto, con contactos con el concejal peronista Ricardo Moreno. El año pasado, estuvo 20 días preso por privación ilegítima de la libertad de una mujer, pero fue liberado tras pagar una fianza de cinco millones de pesos y gracias a la representación del estudio de abogados de Moreno y a la decisión del fiscal Iván Rodríguez.
La investigación por el femicidio de Agostina, que habría sido perpetrado por Barrelier el día domingo 24 de mayo, cayó en manos del fiscal Raúl Garzón.
Qué argumentó la Fiscalía para no mover el caso de Agostina al área de violencia de género
A pesar de admitir que “el caso presenta elementos que podrían vincularlo, en un primer momento, con el ámbito material de intervención de las dependencias especializadas en violencia de género, conforme los criterios reglamentarios vigentes”, la Fiscalía General decidió que la investigación continúe en manos del fiscal Raúl Garzón, “como la alternativa más adecuada para resguardar la economía procesal, la concentración de la información relevante y la eficacia de las medidas en curso, evitando derivaciones que, en el caso concreto, podrían generar dilaciones o una innecesaria reiteración de intervenciones”, afirmó el ente.
Se asignaron dos fiscales colaboradores a los que, cuando Garzón considere, puede recurrir: la fiscal de Violencia Familiar y de Género Claudia Romero y del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Juan Fernando Ávila Echenique. Ambos fiscales podrán acceder al expediente digital pero ni siquiera es obligatorio que avalen las decisiones de Garzón ni que el fiscal los consulte.
También quedó bajo la órbita de Garzón la otra causa de Barrelier, anteriormente a cargo del fiscal Iván Rodríguez, por privación ilegítima de la libertad. En aquella ocasión, en mayo de 2025, una mujer salió corriendo maniatada y semidesnuda de la vivienda de Barrelier, pidiendo ayuda desesperada y afirmando que el hombre intentaba violarla y matarla con un arma de fuego.
El criterio que establece el Código Procesal Penal es que las causas contra el acusado deben quedar en manos de quien tiene el delito más grave: por ser Garzón quien abordó el femicidio de Agostina, la causa previa pasó de las manos de Rodríguez a las suyas.
La justificación de la decisión de mantener a Garzón en las causas contra Claudio Barrelier es la siguiente: “La Fiscalía del Distrito 13 ha intervenido desde el inicio en la causa y cuenta con un conocimiento directo del conflicto, de su evolución procesal, de las medidas ya ordenadas y de las diligencias que aún restan producir. Esa intervención previa constituye, en el caso concreto, un factor relevante para preservar la unidad de criterio, evitar dilaciones innecesarias y asegurar una respuesta institucional oportuna, integral y eficaz. En tales condiciones, corresponde mantener su actuación”.
Agregan que “la presente decisión no procura alterar los criterios generales de asignación establecidos por la reglamentación aplicable, sino brindar una respuesta adecuada a las particularidades concretas del caso”.
La aclaración es pertinente porque el nuevo reglamento del Ministerio Público Fiscal define qué casos deben ser abordados por las fiscalías especializadas, y el de Agostina debería ser uno de ellos. Según el Artículo 5, estas unidades intervendrán en hechos de violencia de género contra mujeres o personas del colectivo de la diversidad, maltrato infantil conviviente y violencia vicaria. Para que la especialización se active, el Artículo 6 establece «parámetros objetivos», entre los que se encuentran explícitamente el «Homicidio simple y su tentativa (art. 79 y 42 del Código Penal)» y el «Homicidio calificado y su tentativa (art. 80 y 42 del Código Penal)». Esta derivación puede hacerse en cualquier momento del proceso.
En ese sentido, los fiscales Lezcano y Pérez Moreno definen la negativa a mover el femicidio de Agostina Vega al ámbito del área especializada en violencia de género como una excepción. La resolución afirma “dejar expresa constancia de que la presente instrucción se dicta de manera excepcional para este caso concreto, en atención a sus particularidades, y no altera los criterios generales de actuación, asignación o intervención establecidos por la reglamentación vigente (Reglamento Nro. 101/26)”.
La instrucción a Garzón es que “deberá continuar la investigación con carácter prioritario, observando los estándares convencionales, constitucionales, legales y reglamentarios aplicables en materia de violencia de género, con estricto apego a las pautas de actuación aplicables, a los fines de brindar una respuesta integral al conflicto”.
Quién es Raúl Garzón y por qué piden jury para destituirlo
Raúl Garzón es fiscal de Instrucción del Distrito 3, Turno 7 de la ciudad de Córdoba, bajo la estructura del Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial. En reiteradas ocasiones fue elegido de manera especial para coordinar las actuaciones judiciales vinculadas a conflictos sociales y manifestaciones públicas.
En las movilizaciones por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el fiscal dispuso «medidas preventivas» ordenándole a la Policía de Córdoba actuar de antemano frente a posibles pintadas, escraches o daños edilicios en iglesias y dependencias públicas o privadas; organizaciones sociales denunciaron que la medida criminalizaba la protesta social. Este fiscal también protagonizó polémicas cuando tomó el caso de las muertes de bebés en el Hospital Neonatal.
Ante el femicidio de Agostina Vega, la soberbia con la que Garzón maltrató a periodistas que preguntaban por la tardía activación de la Alerta Sofía, su negativa a hacer autocrítica, su sugerencia revictimizante de que en un principio de la desaparición de Agostina, la niña podría «haberse ido con un noviecito», la intencional omisión del término femicidio en las conferencias de prensa y su invitación a felicitar a los perros que encontraron el cadáver le valieron no solo duras críticas sino también el pedido de jury por mal desempeño por parte del Colectivo Ni Una Menos. La oposición de Córdoba también sumaría su pedido de jury contra Garzón.
Otros funcionarios en la mira de la destitución son el Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el fiscal Iván Rodríguez, quien liberó a Barrelier el año pasado.
