A cuatro años de la instalación del radar británico en Tierra del Fuego, la justicia provincial ordenó la disolución de su personería jurídica y se declaró competente para avanzar con la demolición de la estación. Hablamos con Daniel Guzman, combatiente de Malvinas y periodista de investigación especialista en el tema.
Una gran noticia llegó esta semana desde el centro geopolítico y geográfico del país. Luego de una larga espera, el Poder Judicial fueguino hizo lugar al pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) de la provincia austral y ordenó la disolución de LeoLabs Argentina S.R.L, la empresa que opera el radar británico ubicado en la Estancia El Relincho, en Tolhuin, Tierra del Fuego AIAS.
Esta decisión judicial responde a la acción iniciada en septiembre de 2024 por la IGJ (Disposición Nº 607/2024), donde se planteaba la «imposibilidad sobreviniente de cumplir con su objeto social». En otras palabras: si la empresa no tiene permisos nacionales ni provinciales para operar por razones de seguridad nacional, su existencia como sociedad comercial pierde toda razón de ser según la Ley Nacional de Sociedades (Nº 19.550).
«Sin personería jurídica, la filial de capitales británicos quedaría herida de muerte y el camino hacia el desarme definitivo parece irreversible», señala el portal Agenda Malvinas, dirigido por el combatiente Daniel Guzmán.
En diálogo con El Resaltador, el periodista e investigador que más ha profundizado en esta problemática subrayó que este fallo es el resultado de un sostenido trabajo de visibilización y resistencia civil.
«La ciudadanía fueguina está totalmente en contra del radar»
Consultado acerca del impacto de esta medida judicial favorable a su disolución, Guzmán interpreta que el fallo judicial expone la desidia de las autoridades:
«La justicia está tomando una acción que el poder político de Tierra del Fuego ha evadido: hacerse responsable de las actuaciones del año 2022 respecto a los procesos de habilitación en términos jurídicos, administrativos y ambientales realizados durante la gestión de Gustavo Melella», expresa el periodista y combatiente.
La justicia está avanzando en varios frentes simultáneos. En principio, la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de la provincia se declaró competente en la acción administrativa judicial presentada por la Municipalidad de Tolhuin. Su intendente ,Daniel Harrington, busca multar a la empresa por la violación sistemática al código de construcción urbana, e insta a obtener la orden definitiva para el desarme de las instalaciones.
Las intenciones del Estados Unidos y el Reino Unido
Un interrogante clave, sostiene Guzmán, es si la empresa, la Embajada de Estados Unidos y el Comando Sur admitirán el desarme del radar a partir de las decisiones que tome la justicia fueguina. La presión diplomática es el factor que mantendrá en vilo la ejecución de la sentencia.
«Este es un primer paso fundamental, aunque no creo que sea todavía el definitivo», advierte Guzmán.
La postura de las potencias del Norte es explícita. En agosto de 2025, el entonces jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, planteó abiertamente la «necesidad estratégica» de habilitar el radar de LeoLabs.
«Es importante recordar que LeoLabs posee convenios tanto con el Departamento de Asuntos Espaciales y Defensa del Reino Unido, como con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos», remarca el director de Agenda Malvinas.
En este complejo escenario de ajedrez internacional, parece poco probable que el Pentágono y el Ministerio de Defensa británico ignoren una acción judicial que culmine en la demolición de una estructura con capacidad de seguimiento de objetivos militares.
Pese a esto último, el fallo de la justicia marca un precedente importante en materia de soberanía nacional en Tierra del Fuego AIAS y también deja una enseñanza que no es menos importante de mencionar: la organización y resistencia civil sirven.
Traición a la patria en el corazón de la Nación
En marzo de 2022, se crea la filial local de Leolabs antes nombrada. Días después, más precisamente para el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas, el gobernador Melella hablaría de la importancia de la soberanía nacional frente a los veteranos y combatientes de Malvinas en el acto de Ushuaia.
«Mientras se conmemoraban los 40 años, y nos agradecían a los combatientes, autorizaban la inscripción de esta empresa británica», recuerda con resquemor Guzman.
A mediados de noviembre de aquél año par, en la previa del mundial de fútbol que ganaría la selección nacional, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad (bajo la Jefatura de Gabinete que entonces dirigía Juan Manzur) emitía la Disposición 8/22, autorizando -pedido de TDF AIAS mediante- la instalación y puesta en funcionamiento de la estación en Tolhuin. La cronología de los hechos está descrito en esta nota, pero como la memoria no estaría aflorando en la sociedad argentina, siempre es mejor ejercitarla.
No pasaría mucho tiempo hasta que la comunidad fueguina advirtiera que, detrás de la fachada de «rastreo de basura espacial», se escondía un activo estratégico con capacidad de uso militar a disposición de potencias extranjeras.
«La ciudadanía fueguina está totalmente en contra del radar», señala Guzman, quien recuerda que se han realizado constantes protestas en la puerta de la estancia desde su instalación.
