El Ministerio Público Fiscal de Córdoba instruirá a fiscales para agilizar el acceso a la Ley Brisa en casos de violencia intrafamiliar y de género.
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba (MPF) busca agilizar la aplicación de la Ley Brisa, que brinda ayudas económicas en casos de violencia intrafamiliar y de género con resultado letal.
La Ley Nacional n° 27.452 contempla la reparación económica a cargo del Estado Nacional para menores de 21 años (en caso de discapacidad, no hay límite etario), argentinos o residentes, cuya madre, padre o progenitor afín haya muerto por violencia intrafamiliar y/o de género.
La ley comprende que las y los menores de edad también son víctimas y establece una remuneración económica de cobro mensual y cobertura de salud.
A través de la Instrucción General N.° 02/25, la Fiscalía General del MPF de Córdoba dispuso nuevas medidas para garantizar un acceso rápido y efectivo a las y los alcanzados por la Ley Brisa.
Impartida por la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi, la Instrucción General indica que las y los fiscales de instrucción de toda la provincia deben concluir con celeridad las investigaciones penales en las que, producto de hechos de violencia, haya fallecido uno de los progenitores.
Se hace especial hincapié en situaciones donde el autor del hecho también ha fallecido y sea procedente el archivo ante la imposibilidad de continuar la acción penal. La resolución también contempla instancias de capacitación.
Es clave para habilitar la vía administrativa ante los organismos encargados de gestionar el beneficio económico mensual para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.
“Contar con un procedimiento ágil y estandarizado no solo optimiza la gestión institucional, sino que contribuye directamente a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes”, señala la Instrucción firmada por la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi.
Por qué la Ley Brisa: «un reconocimiento del Estado por no haber evitado esa muerte»
La Ley lleva su nombre en honor a Brisa Barrionuevo, quien a los dos años de edad quedó huérfana junto a sus hermanos gemelos producto del femicidio de su madre, Daiana de los Ángeles Barrionuevo, a manos de su pareja, Iván Rodríguez.
Fue sancionada en el año 2018, aunque su aplicación no siempre fue constante. La ley entiende que aquellos niños, niñas y adolescentes que pierden a un progenitor (a menudo, a su madre, a manos de la violencia femicida de su padre) son víctimas también de esa violencia, y que su orfandad los lleva a una situación de vulnerabilidad extrema de pérdida de referentes tanto afectivos como económicos.
A menudo terminan siendo criados por otros familiares que deben asumir repentinamente una gran responsabilidad, en un contexto de trauma y dolor.
Por ejemplo, en el caso de Brisa y sus hermanos, pasaron a estar al cuidado de sus abuelos primero y de su tía y tío político después, quienes ya tenían tres hijos y luego del femicidio de Daiana, debieron hacerse cargo de otros tres.
Desde la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, señalan que la Ley Brisa «es una ayuda, pero también una reparación. Un reconocimiento del Estado por no haber evitado esa muerte. Y el deber de la sociedad de garantizar derechos a niños, niñas y adolescentes. Las hijas y los hijos de las víctimas son responsabilidad de todas y todos».
El Gobierno Nacional obstaculiza el acceso a la Ley Brisa
Desde la Secretaría de la Matanza recogen la palabra de la organización Atravesados por el Femicidio, que nuclea a familiares de víctimas.
La organización denunció que con el cambio de gestión, las y los hijos de personas asesinadas por violencia intrafamiliar y de género estaban teniendo dificultades en el acceso a su derecho y que las nuevas víctimas no fueron dadas de alta.
La gestión de Milei en el mejor de los casos ignora y en el peor abiertamente confronta contra la perspectiva de género. En una de sus tantas medidas que revictimizan a personas víctimas de violencia de género, la CoPeSe (Comisión Permanente de Seguimiento) —organismo que seguía cada caso de otorgamiento de la Ley Brisa, conformada por miembros de la SeNAF, ANSES y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación—, fue disuelta por el actual Gobierno Nacional.
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba, a contramano del Poder Ejecutivo nacional
Es en este contexto hostil que el Ministerio Público Fiscal de Córdoba se propuso agilizar y efectivizar el acceso a la Ley Brisa.
Para ello, se incorporaron modelos de resolución y notificación adaptados a un lenguaje claro y accesible, que deberán ser utilizados por todas las fiscalías en estos casos.
Además, se encargó al Instituto de Formación del MPF el desarrollo de capacitaciones específicas para fortalecer el abordaje adecuado de este tipo de causas.
Esta medida se enmarca en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2026 del MPF, que promueve una política criminal con enfoque de derechos humanos, orientación a las víctimas y perspectiva de género. También da continuidad a las acciones iniciadas con la creación de la Unidad Judicial de Violencia de Género, Familiar y Sexual en el Polo de la Mujer, y refuerza el compromiso institucional con la protección de las víctimas directas e indirectas de violencias extremas.
