Desde el bloque plantean que en comparación a estándares internacionales, Córdoba quedó “completamente desactualizada” respecto de leyes que buscan asegurar el principio de ‘transparencia activa’.
La UCR arremete con una nueva ley de acceso a la información pública en Córdoba, luego del reciente escándalo de los contratos de la Legislatura y las constantes dificultades para acceder a la información sobre el manejo de los recursos públicos.
El proyecto que plantean desde el espacio cuenta con 43 artículos y responde a la necesidad de “una nueva ley” de orden público, según explicó la autora Brenda Austin a Perfil Córdoba.
La legisladora busca garantizar la transparencia en la gestión pública provincial y, a su vez, pretende crear un ente autárquico para el efectivo ejercicio de este derecho.
«Esta es una vieja deuda que tiene Córdoba en relación a la transparencia, un tema que una y otra vez vuelve al centro de escena en relación a la información sobre gastos públicos o decisiones del Estado», declaró Austin.
Pese a que Córdoba tuvo “una ley que supo ser pionera en la materia” en 1999, la radical argumenta que en contrastación a la ley nacional y estándares internacionales, “ha quedado completamente desactualizada”.
Austin sostuvo: “Si a eso le sumamos que el peronismo de Córdoba y el gobierno de Llaryora se niegan sistemáticamente a brindar información que es pública, porque involucra fondos que son de todos los ciudadanos, la situación de la provincia se vuelve crítica”.
Para la legisladora “la falta de transparencia es un nicho de corrupción”.
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El proyecto
Uno de sus principales objetivos es garantizar que el Estado cumple el principio de “transparencia activa”; esto quiere decir que debe poner a disposición cualquier información que sea ‘relevante’ en portales de acceso público.
A su vez, debe disponer de herramientas para que las personas puedan buscar información concreta. También se busca ampliar el alcance y no solo incluir a funcionarios, sino a todos los actores que manejen fondos públicos (contratistas y proveedores del Estado).
La iniciativa pretende acrecentar el alcance en relación al Poder Judicial, al Poder Legislativo y también a todas las agencias y entes del Estado.
Tal como redactó Austin, la ampliación «garantizará que cualquier área que reciba recursos públicos esté obligada a rendir cuentas de manera clara y abierta. La norma alcanza también a municipios y comunas».
Asimismo, estipula que para que se cumpla la (posible nueva) ley, se fijen herramientas administrativas y judiciales para aquellos casos que no se quiera brindar la información.
En consecuencia, se mejoraran los tiempos de respuesta y se aplicará sanciones para los funcionarios que no cumplan con lo requerido. Además, se fijarían criterios específicos respecto a las excepciones, conforme a los estándares nacionales e internacionales.
«Córdoba tiene que frenar el deterioro de su calidad institucional. La nueva ley viene a garantizar mayor transparencia y evitar el ocultamiento de la información«, sostuvo Brenda Austin.
