El Estado nacional, que ya había reconocido su responsabilidad en el año 2023, retiró el reconocimiento sin dar explicaciones.
El Estado nacional desconoció su responsabilidad en la represión y los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001, en un estallido social que pasó a la historia argentina.
El pasado lunes 3 de marzo tuvo lugar una audiencia por el caso 14.458 “Diego Lamagna y familia y otros Vs Argentina” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Allí, el Estado argentino retiró el reconocimiento de responsabilidad sobre la represión y los asesinatos del 2001, que había otorgado en 2023.
Al ser cuestionados al respecto, los representantes se negaron a responder a la pregunta sobre qué valoración hace hoy el Estado sobre lo sucedido en diciembre de 2001.
Los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron una expresión extrema de violencia estatal. En aquellos días, fue declarado el Estado de Sitio para asfixiar la voluntad popular.
El Estado socavó el derecho a la protesta y reprimió salvajemente, dejando un reguero de 36 muertos, cientos de heridos y 198 detenciones arbitrarias, sin justificación legal.
En la represión, las fuerzas utilizaron balas de plomo. Entre los 36 muertos se encuentran Diego Lamagna y Gastón Riva.
Según el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) las pruebas recabadas durante estos años muestran que «detrás de estos crímenes estuvieron las máximas autoridades políticas del país: el presidente De la Rúa -a quien denunciamos ante la CIDH en 2015-, y los responsables de Seguridad, por declarar el estado de sitio en forma irregular y ordenar y ejecutar la represión».
Violaciones a los Derechos Humanos
En esas fechas de diciembre del 2001, el Estado argentino violó múltiples derechos humanos establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Entre los derechos vulnerados se encuentran el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a la libertad personal y el derecho a la protesta.
Sobre esto, el CELS remarca que «el derecho a la protesta no puede ser tratado como un problema de seguridad del Estado.»
Asimismo, la declaración de Estado de Sitio careció de justificación, utilizado para sofocar el descontento social contra el gobierno de De La Rúa. Al día de hoy, continúan la falta de justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
Según el CELS, «casi 25 años después las investigaciones siguen inconclusas. Si bien algunas autoridades responsables fueron condenadas, el expresidente De la Rúa y los autores directos de los homicidios y heridos por balas policiales nunca fueron responsabilizados.»
A raíz de esta situación, el CELS publicó una nota en su página web solicitando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exija al Estado argentino:
1. Reconozca su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos cometidas en diciembre de 2001.
2. Reforme su legislación sobre protesta social y derogue normativas que criminalizan las manifestaciones.
3. Regule el uso de la fuerza en contextos de protesta, se prohíba el uso de armas letales y se controlen las llamadas menos letales.
4. Cree organismos de control externo para la actuación policial y establezca protocolos de preservación de pruebas en operativos de represión.
5. Capacite a las fuerzas de seguridad y operadores judiciales en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza.
6. Adopte medidas de reparación simbólica y material para las víctimas y sus familias, incluyendo el sostenimiento de las baldosas conmemorativas y la implementación de actos públicos de memoria.
