El 5 de diciembre de 2025 se dio a conocer que trabajadoras penitenciarias de la cárcel de Bouwer habían torturado, golpeado y rociado con gas pimienta a un varón trans alojado en el complejo, para luego falsificar actas sobre el hecho. Finalmente las responsables irán a juicio.
Recientemente la Fiscalía de Instrucción del Distrito 11 requirió la elevación a juicio de 11 agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba que desempeñan tareas en el pabellón femenino de la Cárcel de Bouwer (Establecimiento Penitenciario N° 3), por torturas y malos tratos dirigidos hacia un varón trans privado de su libertad.
El fiscal José Mana fue quien ordenó, en diciembre del año pasado, las detenciones por «severidades y apremios ilegales» luego de que las cámaras de seguridad del penal confirmaran la denuncia del interno agredido.
Las imputadas son: Johana María Elizabeth Agüero Martínez; Nancy Belén Ávila; Mariana Geraldine Britos; Aylen Macarena de Lourdes Brizuela; Dalma Milena Cabrera; Mariel Ledezma; Micaela Soledad Vera; Mariana Villafañe; Carina Soledad Villarruel; Jessica Solange Bocos y Sandra Celina Ybáñez.
La investigación confirmó que las 11 penitenciarias vulneraron su obligación de garantizar la integridad de las personas detenidas, vejando a la víctima para luego falsificar el hecho en los reportes oficiales.
Las acusaciones que enfrentan las agentes son por vejaciones calificadas, lesiones leves, omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
«El uniforme no tiene género»
Al respecto, el sitio Córdoba Gay señala: «El sistema penitenciario sigue siendo un entorno extremadamente hostil para las disidencias. Ser trans en un contexto de encierro implica atravesar una doble condena: la de la justicia y la del trato discriminatorio constante».
«El avance de esta causa obliga a cuestionar la idea de la sororidad automática. Que las agresoras sean mujeres cisgénero atacando a un varón trans demuestra que el uniforme no tiene género. Cuando una persona asume el poder absoluto sobre otro cuerpo dentro de una fuerza de seguridad, muchas veces adopta la lógica represiva de la institución. Se trata de una violencia correctiva, un castigo por desafiar la norma del binarismo», continúa la publicación.
Y concluyen: «Lo más grave del hecho no fueron únicamente los golpes, sino la red de encubrimiento. Once mujeres poniéndose de acuerdo para mentir en documentos públicos y culpar a la víctima para protegerse entre ellas».
En ese sentido, exigen una reforma de la Justicia y las fuerzas de seguridad que incorpore y respete compromisos con los derechos humanos bajo una perspectiva de género.
