La delegación Capital de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba denunció que “no están dadas las condiciones para empezar las clases” ya que sólo el 29% de la docencia puede sobrevivir con su salario.
La delegación Capital de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) manifestó su ‘preocupación’ sobre las condiciones laborales y económicas para los docentes cordobeses.
Por medio de un comunicado, apuntaron que “no están dadas las condiciones para empezar las clases”. A su vez, denunciaron que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios se debe a la conducción provincial del gremio y a la administración del gobernador Martín Llaryora.
Como sustento, se basaron en un informe del Observatorio de UEPC Capital. El mismo detalla que el 71% de los docentes no llega a ingresos familiares que superan los $1.500.000 y, en el caso del ingreso individual, esta cifra asciende al 95%.
En sintonía, explica que en el 88% de los casos encuestados, el salario docente es el sostén exclusivo o principal del hogar.
«Esto ocurre en un país donde la canasta alimentaria mínima, que incorpora bienes y servicios básicos, establecida por los trabajadores de ATE Indec, se ubicó en enero en $1.483.029. Quiere decir que sólo el 29% de la docencia puede sobrevivir con su salario», indicaron desde el Observatorio.
Desde el gremio acusó al gobierno provincial de “financiarse con la descapitalización de nuestro salario y la destrucción de nuestras jubilaciones, que rozan niveles de indigencia”.
Recordemos que desde el sindicato a nivel provincial también reclaman por subas salariales, pero con un tono más suave: piden un aumento que supere la inflación.
También reclaman por la implementación de reformas educativas que, según remarca UEPC Capital, se realizaron sin consenso con el sector de los docentes.
El informe -que se leerá hoy en la jornada de formación situada- resalta que la resolución 452 y la circular número uno, impulsadas por la provincia, triplican “un ataque en todos los aspectos de la educación”.
Argumentan que su aplicación se lleva a cabo “bajo el absoluto desconocimiento de la docencia y directivos y con el calendario educativo en mar”.
Por ello, determinaron que la política educativa actual está alineada con una reforma de corte «antieducativo», que incluiría «la eliminación de decenas de espacios curriculares y sobre todo aquellos ligados a las «Artes y las Humanidades».
A raíz de esto, el gremio organizó un debate para idear los pasos a seguir y asegurar que ninguna maestra cobre menos que la canasta básica: $1.070.391.
