La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) denunció que hay cortes de servicios médicos y falta de medicamentos. Hay demandas judiciales en Buenos Aires, Córdoba y Salta por incumplimientos.
A dos meses de la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera), la situación empeora y los afiliados denuncian que hay cortes de servicios e interrupción de tratamientos y medicación.
El conflicto inició el 26 de octubre, luego de que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) dispusiera una nueva intervención a través de la resolución N°3.948/24, desplazando así al Consejo Directivo.
Desde ese momento, se bloquearon las cuentas bancarias de la obra social, lo que interrumpió la cadena de pagos y, en consecuencia, la garantía de una cobertura prestacional.
La medida afecta a más de 700.000 trabajadores afiliados a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y sus familias. Entre los principales afectados se encuentran los pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos de alto costo, como el caso de los oncológicos, insuficiencias renales y epilépticos.
El desplazamiento del Consejo Directivo de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina tuvo lugar casi dos meses después de la llegada de los interventores y se realizó en medio de acusaciones por irregularidades, porque se formalizó fuera del horario administrativo, lo que impidió el derecho a la defensa, y por pedido de un juez que terminó apartado por incompetente.
Desde Uatre aseguran que la intervención «incumple con lo suscrito desde OSPRERA», que debe garantizar la cobertura prestacional.
La situación ya tiene derivaciones judiciales: hay demandas en Buenos Aires, Córdoba y Salta por incumplimientos, con casos que incluyen suspensiones de cirugías y tratamientos vitales.
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Crecen las críticas a la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud, acusada de inacción y de incumplir las normativas de protección de los derechos de los afiliados.
En Córdoba, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de la Provincia comunicó por carta documento que dejarán de prestar servicio a los afiliados de la obra social 30 días después de enviado el comunicado, a finales de noviembre.
