Este martes, trabajadoras y trabajadores del Polo de la Mujer y del Centro Integral de Varones realizaron una jornada de protesta por las precarias condiciones laborales, en un área que debería ser prioridad en el Estado. Hablamos con una profesional, y su relato refleja la crudeza de una situación insostenible.
El Ministerio de la Mujer, a cargo de Claudia Martínez, desde hace años es denunciado por sus profesionales por la falta de derechos laborales, que repercuten directamente en la contención de situaciones de violencia de género en la Provincia.
En esta oportunidad, trabajadoras y trabajadores se han organizado en reclamo de:
- Equiparación salarial con trabajadores de salud
- Reconocimiento del régimen especial por tarea de riesgo psicosocial
- Estabilidad laboral (pase a contrato y planta permanente)
- Incorporación de personal.
En diálogo con EL RESALTADOR, una profesional del Polo de la Mujer -resguardamos su identidad por cuidado- contó que desde hace 3 semanas empezaron a organizarse en asambleas que fueron muy numerosas, con personal de todos los sectores, tanto profesionales como administrativos. Elevaron una nota a la ministra Martínez pidiendo una reunión en torno a los cuatro puntos de su reclamo, pero no hubo respuesta hasta el momento.
«Desde que somos Ministerio, los equipos, en vez de haber crecido, han sido achicados, por ejemplo, el de ‘Trata de personas’ pasó de tener más de 40 profesionales a solo 6, aproximadamente. Esto se repite también en el equipo de la brigada -contención de situaciones de violencia de género-, somos 19 profesionales para atender los 365 días del año, las 24 horas. Es una guardia que está abierta todos los días del año, ni siquiera podemos ser dos por equipo de guardia, tampoco podemos tomarnos licencia porque si lo hacemos queda el hueco, es una locura», enfatizó la trabajadora.
Para la entrevistada, las condiciones son cada vez más tremendas, los casos que abordan son cada vez más complejos, es decir, se entrecruzan problemáticas de salud mental, situación de pobreza, vulnerabilidad social extrema, situaciones de violencia y situación de calle, que tienen que abordar sin los recursos necesarios.
La gravedad de esta problemática parece no tener límites, siguiendo el relato de la profesional, los lugares en los refugios no alcanzan, los convenios en los hoteles no funcionan como deberían, porque no hay lugar suficiente para dar alojamiento a las mujeres mientras se implementan las medidas correspondientes o se soluciona su situación de vivienda.
«Estamos poniendo ‘curitas’ a heridas que son muy grandes, está siendo muy duro. Parece una paradoja pero nosotras nos tenemos que encargar de llamar a cada mujer que activa el botón antipánico para corroborar que esté bien, si necesita asistencia, si hay que mandarle un cerrajero, para orientarla en relación a la denuncia que tiene que realizar, para contenerla… y hasta hace poco estábamos sin celular, los dos que teníamos estaban con la batería hinchada y andábamos prendiendolo con una lapicera», expresó.
El equipo técnico es reducido y hay muchas situaciones para acompañar, por eso se ven los efectos de burnout en las profesionales. El trabajo está poniendo en riesgo su integridad psicofísica, en la actualidad, parte del personal renuncia, ya que en esas condiciones es díficil sostener un puesto con estas características.
A lo anterior debemos agregar la extorsión que viven las trabajadoras que se encuentran con carta médica por razones de salud mental, hay casos de despidos y de tener que volver a trabajar de manera obligatoria para no perder el puesto.
«En hora buena que nos estamos organizando de nuevo, por nosotras las trabajadoras, por nuestros derechos y porque somos garantes de derechos de otras mujeres, para que la respuesta que les brindemos sean la que necesitan y que finalmente puedan salir de la situación de violencia que atraviesan», concluyó la entrevistada.
