El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un informe acerca de cómo las medidas del Gobierno nacional traen consecuencias negativas en nuestras vidas y, puntualmente, en nuestra salud.
La coyuntura actual en nuestro país, con una marcada profundización de la pobreza y el desempleo, genera un escenario crítico que tiene sus implicancias en el área de la salud; situación equiparable a lo ocurrido en 2001 y 2002.
En este marco, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un informe acerca de cómo las medidas adoptadas por la administración de Javier Milei repercuten en los sectores históricamente vulnerados, y también en las clases medias con una larga tradición de consumo y acceso a servicios de medicina prepaga con prestaciones en materia de medicamentos y tratamientos.
Algunos datos importantes del informe del CELS
- Prepagas
Durante los tres primeros meses de 2024, las cuotas de las prepagas subieron en un promedio de al menos 118%. Más del doble de la inflación acumulada de ese período (51,6%).
La cifra del aumento estuvo muy por encima del de los salarios de trabajadores de la salud privada de todo el país (60%), según lo reportado por la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA).
Como consecuencia, de acuerdo a diversas estimaciones, cerca del 10% de los afiliados se dieron de baja.
A principios de mayo, el Poder Ejecutivo ordenó que, hasta septiembre de 2024, los precios de los planes podrían incrementarse como máximo en la misma proporción que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y que deberían usarse como referencia los valores de diciembre de 2023.
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La medida inicialmente fue dirigida a las empresas que concentran cerca del 90% de afiliados en el país, pero finalmente alcanzó a 41 empresas en total.
En medio de la publicación de las resoluciones del Ejecutivo para calcular los aumentos, los acuerdos en tribunales, los anuncios y denuncias por parte del Gobierno, los afiliados encontraron que las prepagas no iban a devolver el dinero pagado sino a través de un saldo favorable en un plazo de 12 cuotas mensuales, provocando una pérdida significativa debido a la inflación acumulada, y sin dejar en claro de qué manera serían alcanzados los usuarios
que se dieron de baja debido a los aumentos.
- Tratamientos interrumpidos
Al menos otras 3 medidas adoptadas por el Gobierno en el primer semestre
impactaron directamente en la salud de la población, provocando la interrupción de tratamientos por distintos motivos.
Entre ellos, la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que dejó sin tratamiento a pacientes graves y crónicos con cobertura de salud pública exclusiva, muchos de ellos oncológicos; la eliminación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), que implicó la pérdida de la elaboración nacional de medicamentos, muchos de ellos no rentables para el mercado; la desregulación en el aumento de precios de los medicamentos y la baja en la venta con receta, lo que causó serios daños en la salud de la población, algunos de ellos irreversibles.
Las consecuencias no finalizan ahí, porque la interrupción de tratamientos repercutió en el aumento de consultas por guardia ante la descompensación de cuadros clínicos por la falta de atención y la sobrecarga del sistema de salud, ya al límite.
- Impacto en la vida de las personas
El ingreso a un nuevo sistema de salud conlleva el inicio de un nuevo recorrido
en la búsqueda de profesionales y en el aprendizaje de las formas burocráticas
para acceder a la solicitud de turnos, autorizaciones y estudios médicos.
Cuando las personas necesitan un tratamiento crónico de salud, se inicia un recorrido que convive con la necesidad de elaborar anímicamente la noticia sobre una enfermedad.
Este camino incluye un sinfín de trámites en las obras sociales o empresas de medicina prepaga para conseguir autorizaciones que son evaluadas en detalle por las áreas de auditoría médica.
Detrás de órganos enfermos o sistemas disfuncionales hay personas y familias que generaron vínculos de confianza y que deben afrontar nuevamente inseguridad y desazón por no saber cómo y con quiénes continuarán sus tratamientos.
También ese derrotero de trámites y pasos aprendidos -que, aunque se
conozcan, representan formas de violencia hacia las personas- pasarán a ser
parte de la historia en caso de que efectivamente se pierda la prepaga.
Lee el informe completo:
Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
