El Observatorio Nacional MuMaLá presentó un informe que data casos de abortos clandestinos en los años previos a la sanción de la ley 27.610.
El 28 de septiembre fue el día de Acción global por acceso al aborto legal, seguro y gratuito. En este marco, desde el Observatorio Nacional MuMaLá publicaron un reporte sobre muertes por abortos inseguros y clandestinos en el período del 2018-2020, previo a la ley de Interrupción voluntaria del embarazo N° 27.610 (2021).
Este análisis surgió a partir de monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, buscadores, sistemas de alertas, seguimientos de organizaciones y portales especializados.
Se trata de mujeres que atravesaron estas historias, víctimas de profundas desigualdades materiales y simbólicas, que fallecieron y no pudieron tener acceso a su derecho a la salud no reproductiva.
Desde el regreso de la democracia hasta 2016, se registraron 3.040 muertes de mujeres por embarazos terminados en aborto.
Sobre el trabajo de MuMaLá, entre 2018 y 2020, se registraron 15 historias de mujeres muertas tras abortos realizados de manera casera, oculta, en ámbitos inseguros, sin información y con miedo.
La mayoría de ellas ya eran madres (67%) y algunas tenían entre 4 y 7 hijos e hijas. El promedio de edad fue de 31 años, y, al menos cuatro de ellas utilizaron el método inseguro más antiguo para abortar: el tallo de un perejil.
Esto causó que padecieran hemorragias durante días sin acudir a asistencia médica, por miedo a que las denuncien, las judicialicen, las maltraten, “al qué dirán”, o a la condena social.
Asimismo, destacan que uno de los puntos claves es el condicionante en la vida de estas mujeres, de las cuales tres eran migrantes (oriundas de Paraguay) y otras cuatro vivían en zonas rurales.
“Las barreras culturales son parte de los obstáculos que atraviesan las mujeres pobres, con bajos niveles de instrucción y también con escasos vínculos en la comunidad que les permitan acceder a derechos básicos como la salud sexual, reproductiva y no reproductiva” pronunciaron.
Betiana Cabrera Fasolis, directora del observatorio nacional MuMaLá agregó: “Sabemos que lamentablemente no son los únicos casos, la ilegalidad de la práctica no permitía ni la visibilización, ni estadísticas que reflejen la complejidad del problema, pero queremos recordar que la ilegalidad se cobró vidas y que conquistamos una ley que en los pocos años que tiene redujo la mortalidad materna”.
Para finalizar, remarcaron que desde la asunción del gobierno de Javier Milei se han vulnerado los derechos a la salud reproductiva y no reproductiva que tienen las mujeres y personas con capacidad de gestar:
• Se desmanteló el Plan de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).
• Hay faltantes de provisión nacional de los medicamentos misoprostol y mifepristona recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la IVE.
• Corte en las licitaciones nacionales de métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no intencionales, y métodos de barrera como los preservativos para prevenir ITS.
• Los ataques y el desprestigio a la ley de educación sexual integral en particular y a la agenda de género y DD. HH. en general.
