Punilla: Asambleas contra el proyecto de autovía

Organizaciones ambientales emitieron un comunicado contra una posible iniciativa que afectaría el entorno de las serranías.

El 14 de octubre, el medio Comercio y Justicia adelantó que a partir de esta semana, el Gobierno comenzaría a citar las diferentes entidades ambientales para exhibir el trazado prefijado hasta Molinari.

“Mientras atravesamos una crisis hídrica, sanitaria y ambiental, agravada por las casi 300.000 hectáreas arrasadas por los incendios forestales intencionales, los pueblos de las Sierras de Córdoba que aún estamos apagando fuegos y haciendo guardias de cenizas, nos encontramos con este artículo”, escribieron desde Asamblea en Defensa del Ambiente Córdoba Capital.

La nota a la que refieren, sostiene que la idea es licitar antes de fin de año y que el proyecto se ejecutará en dos años.

Según Comercio y Justicia, se están ultimando los detalles del crédito a 15 años con tres de gracia y tasa Libor más 2%. Además, anticiparon que el Gobierno provincial avanzó con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para obtener un crédito de 75 millones de dólares para financiar la obra de la autovía de la ruta 38 hasta la localidad de Molinari.

Las Asambleas de Punilla y Córdoba Capital exigen el cumplimiento de las leyes 10208 y 9814 sobre Bosque Nativo y Participación Ciudadana.

Ante este panorama, comunicaron que no asistirán a reuniones informales y no vinculantes sobre el tema. Sobre este punto, resaltaron que la decisión no se debe a falta de intención de dialogo, sino que tiene sus razones.

Entre ellas, sostienen que el gobierno es quien debe garantizar la información pública y asequible a todo ciudadano afectado por una obra vial, cuyo proyecto debe estar precedido por una Evaluación Ambiental Estratégica (ley prov. 10208, arts. 38-39), que es lo que las Asambleas siempre exigimos, es decir, que contemple todas las miradas técnicas posibles y la totalidad de la obra.

Además, en medio de una pandemia y frente a la enorme crisis ambiental que viven nuestras Sierras de Córdoba, sin haber hecho aún una evaluación responsable de toda la zona incendiada, consideramos injustificada la inversión en esta obra vial que indiscutiblemente va a afectar aún más el delicado estado del medio ambiente.

En esa línea, exigen que en primer término se garanticen:

  1. – Personal de salud y camas críticas suficientes en el Hospital Domingo Funes y demás centros de salud de la zona, además de una apropiada organización de la información, prevención y atención de la salud de toda la población.
  2. Una evaluación responsable de toda la zona incendiada y de las posibles consecuencias socioeconómicas, hídricas y ambientales, conjuntamente con una planificación y presupuesto adecuados para la recuperación y restauración del Bosque Nativo, como indica la ley provincial 10208 en su art. 30, así como los peritajes correspondientes, y un Plan de Manejo de Fuego Participativo, debiendo garantizarse la debida participación ciudadana contemplada en el art 10, inc. a, ap.VI, de la ley Nacional del Sistema Federal de Manejo del Fuego Nro. 26.815.
  3. La llegada de una ayuda necesaria a las familias afectadas por los incendios forestales de este año.
  4. Conectividad a Internet real y efectiva para todxs lxs estudiantes del Departamento Punilla, y número suficiente de docentes con remuneración y recursos apropiados, para garantizar una educación equitativa y de buena calidad.

Las Asambleas de Punilla y Córdoba Capital destacan que cualquier obra pública o privada de envergadura debe tener en cuenta particularmente la protección de las cuencas que proveen el agua a Punilla (Ley 25688, art.8).

“El proyecto de una autovía no parece tener más sentido que continuar con el plan IIRSA, infraestructura para continuar con saqueos extractivistas: agronegocios, minería, ganadería (incluso el acuerdo de megagranjas de cerdos) o inmobiliarios, negocios para unos pocos, determinando zonas de sacrificio ambiental, futuras pandemias, mala salud y un cambio rotundo de vida para quienes habitamos este Valle”, enfatiza el posteo.

¿Qué reclaman las y los ambientalistas?

  • Auditoría del primer tramo de la obra Alternativa a la R38: Variante Costa Azul-Puente-San Roque, y cumplimiento de las remediaciones que resulten necesarias.
  • Derogación de la licencia ambiental del segundo tramo de la obra Alternativa a la R38: San Roque-Cosquín.
  • Evaluación Ambiental Estratégica por el total del proyecto y no sobre un tramo, según establece la ley 10208.
  • Procesos participativos desde el inicio como también lo establecen la leyes vigentes.

“Ya pasaron dos años desde que los pueblos, la ciencia, las instituciones, voces de toda la provincia se manifestaron para frenar lo que iba a ser un desastre socioambiental. Es necesario que el gobierno tome la realidad con seriedad y no siga insistiendo con atropellos o manipulaciones, violando leyes y derechos”, concluye el comunicado.

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