En la Legislatura, el oficialismo firmó un proyecto para modificar el alcance del órgano de control institucional. Desde Juntos por el Cambio, quien comandará el Tribunal a partir del 10 de diciembre, denuncian que es «un golpe institucional».
Por primera vez en la historia de la Provincia de Córdoba, el Tribunal de Cuentas estará manejado por la oposición. Las elecciones del 25 de junio fueron tan parejas que Hacemos Unidos por Córdoba ganó en el tramo a gobernador y Juntos por el Cambio en el de legisladores y Tribunal de Cuentas.
De esta manera, la oposición ocupará un rol preponderante respecto al órgano de control de las finanzas provinciales: tendrá dos miembros de los tres que conforman el organismo; el restante queda para el oficialismo.
Beltrán Corvalán, exconcejal juecista, y Fernanda Leiva, actualmente en el Tribunal de Cuentas de la ciudad de Córdoba, ocuparán los cargos por la oposición. Por Hacemos Unidos por Córdoba, Silvina Rivero, ministra de Coordinación de la Provincia, completará la nómina de autoridades.
¿A qué se dedica el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba? Es el organismo encargado de revisar que los gastos que efectúa el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Defensor del Pueblo, se realicen en cumplimiento de las normas vigentes.
El control de los gastos se efectúa en dos momentos: antes de que se ejecute el gasto (control preventivo), en donde el Tribunal puede autorizar o no autorizar el desembolso; y después de realizado el mismo (control posteriori) ya sea mediante el proceso de rendición de cuentas o mediante auditorías a organismos del Estado y a municipios y comunas.
De esta manera, Martín Llaryora como gobernador electo se verá en una situación delicada: no tendrá de su lado a quienes aprueban los gastos provinciales como si lo tuvieron el resto de los gobernadores constitucionales de Córdoba.
¿Modificar la actividad del Tribunal a días del cambio de gestión?
En la Legislatura de Córdoba, ingresó un proyecto de ley firmado por los legisladores Nadia Fernández, Matías Chamorro, Victoria Busso, Ramón Giraldi y el Bloque Hacemos por Córdoba.
El proyecto es sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas y propone modificar «el modo de operación del órgano fiscalizador», según informa la página de la Legislatura.
Actualmente, se trabaja el proyecto en las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
«Entre los avances que supone la presente iniciativa, podemos citar que con esta nueva normativa se mejora la eficiencia de los procesos conforme la realidad actual de los servicios administrativos y los procedimientos internos del Tribunal de Cuentas; se incorporan aspectos de digitalización y otras funciones adaptadas al presente, y la interoperabilidad, interconectividad y unificación de datos pasan a ser principios rectores del actuar del TCP, según lo proclama el artículo primero«.
Fundamentos del proyecto de ley.
Pero además se incorporan limitaciones al control preventivo del Tribunal de Cuentas sobre los convenios de pasantías, monotributistas, combustible, pasajes aéreos al exterior y ajuste por variación de tipo de cambio.
Se trata de una modificación que desde la oposición indican que buscarán aprobar antes del cambio de gestión, puesto que a posterior Hacemos Unidos por Córdoba no contará con los números para aprobar el proyecto.
Denuncias de parte de la oposición
De parte de Juntos por el Cambio, rechazan de plano la iniciativa. Indican que se trata de «un golpe institucional» a días del cambio de mando en el organismo.
En una comunicada firmada por Beltrán Corvalán, miembro electo del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, se indica que además del proyecto de ley, se llamó a un concurso público «para nombrar 68 cargos jerárquicos, como directores, subdirectores, jefes y subjefes de áreas y secciones. Es la primera vez que llaman a concurso en la historia del Tribunal en los 24 años que llevan gobernando, y lo hacen justo tras perder las elecciones en el tramo a tribunos de Cuentas, donde ya no van contar con la mayoría».
A su vez, el funcionario electo indicó que el proyecto de ley que se trabaja en la Legislatura excluye a las agencias del Estado del control del organismo. «Bastó que yo dijera que iba a auditar las agencias para que propusieran dejar al Tribunal de Cuentas sin la potestad de efectuar verificaciones en esas estructuras. Y como si esto fuera poco, avanzaron con la sanción ficta de los expedientes, es decir, la que permite aprobar los expedientes de gastos por el simple paso del tiempo, sin verificación o validación del Tribunal» afirma Corvalán.
«Transparencia en los gastos es lo que necesitan los vecinos de Córdoba. Este es un golpe institucional que no registra antecedentes en un gobierno democrático. Ni el kirchnerismo se animó a tanto. Buscan garantizarse la impunidad», concluye el comunicado.
Este miércoles habrá sesión legislativa y se verá si se trata el proyecto sobre tablas a días del cambio de gestión. Tanto el oficialismo como la oposición tendrá la responsabilidad de avalar la institucionalidad del Gobierno provincial: el oficialismo deberá permitir el control del Tribunal de Cuentas y la oposición permitir los gastos establecidos en el presupuesto provincia, en pos de la convivencia democrática.
