La compañía farmacéutica se encuentra en medio de una disputa política argentina que arrasa todo a su paso.
Por Matías Mowszet
El mundo actual y los sistemas vigentes imponen la interacción necesaria entre lo público y lo privado. Por esto es que los estados deben entender de las lógicas de mercado y los empresarios deben entender de política para no quedar fuera de una dinámica en la que sobrevive el que mejor se adapta.
El laboratorio Pfizer abrió, a partir de la negociación fallida con el Gobierno argentino por la provisión de vacunas contra el COVID-19, un escenario de disputa interna feroz, como es característica de nuestro país, en la que ellos también quedaron encerrados.
Los motivos de la negociación fallida fueron explicitados por ambos sectores de manera clara e inequívoca: Pfizer exigía como condición para la firma de un acuerdo que Argentina modificara la ley de vacunas 27.573 sancionada en noviembre de 2020.
Lo que Pfizer pedía de manera originaria es la introducción de una cláusula de indemnidad, mediante la cual, el Estado argentino se haría cargo de las consecuencias legales que provinieran tanto de la vacunación como de la eventual falta en algunos de los contratos con los laboratorios.
El Congreso introdujo esa exigencia en un artículo de la ley (el 4), pero agregó una excepción que es el motivo del desentendimiento. La excepción a esa indemnidad es «conductas maliciosas o negligencia» por parte de la empresa farmacéutica.
Esa ley fue votada afirmativamente por ambos bloques políticos, pero luego apareció el inconveniente de que Pfizer exigía que se elimine la palabra “negligencia” del artículo 4.
Lo cierto es que, para ese momento, las posturas y los discursos de cada sector eran bastante distintos a los que tenemos ahora. La oposición, por ejemplo, no se sumaba al relato de “hay que conseguir vacunas como sea” que hoy se toma como bandera. En aquel momento, se promovía la desconfianza hacia las vacunas en general y la reproducción de noticias tendientes a generar dudas sobre posibles efectos secundarios.
Si bien esa postura tenía solamente rebote mediático y no se llegó al límite de ser llevadas al parlamento, salvo algunas excepciones, está claro que los esfuerzos estaban direccionados de manera diferente.
La realidad es que, tras más de 6 meses de acontecimientos frenéticos que produjeron cambios en las bases discursivas, se llega a un momento en el Pfizer se encuentra en el eje del debate político y aquella negociación fallida como argumento principal para el ataque contra el Gobierno.
El laboratorio, que observó de manera pasiva el escándalo generado en Argentina en su nombre, tuvo que intervenir cuando Patricia Bullrich acusó al Gobierno de haber frustrado la negociación por un supuesto pedido de coima y de intervención de un intermediario.
Pfizer desmintió esta versión y su desmentida provocó una lluvia de cartas documento contra la presidenta del PRO. Luego, el propio gerente de la farmacéutica tuvo que comparecer ante la Cámara de Diputados de la Nación a explicar que había sucedido con esas conversaciones.
El alto voltaje de los cruces políticos con la intensidad argentina se topó con la sobriedad de una declaración simple e “institucionalista” de la empresa, que intenta despegarse de la posibilidad de ser un factor de debate político.
Este esquema crea un necesario acercamiento, ya que la agenda Pfizer se encuentra impuesta por la oposición política que toma fuerza frente al “vaso medio vacío” de la campaña de vacunación. Para la empresa, los avances podrían ser una vía de escape a la locura de la grieta local.
Mientras tanto, el Gobierno tiene otras buenas noticias con mayor importancia, pero con menor posibilidad de instalación de agenda, como el inicio de la fabricación local de vacunas Sputnik V a través del laboratorio Richmond.
Además, la aceleración en el ritmo de vacunación está logrando que se apliquen 2 millones de dosis por semana. Las previsiones, a partir de esto, comienzan a ser más optimistas y brindan necesario oxígeno para resistir las presiones.
