En tiempos de emergencia sanitaria, casi la totalidad de la población se ha visto afectada en diferentes dimensiones. Pero algunos sectores fueron más vulnerados que otros.
Por Adriana Gómez y Cristina Goupillaut. Integrantes de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba
Sabemos, la problemática de género es una constante de la cultura patriarcal que ha regulado las sociedades a lo largo de los tiempos. Y en ese escenario, la situación de discapacidad es un factor más que se suma a otras situaciones de vulnerabilidad entre otras tantas que cotidianamente debemos atravesar, como es la violencia de género, desigualdad laboral, discriminación étnica o socio económico entre otras.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hay que llamar la atención tanto sobre las violencias entre personas individuales, como sobre las condiciones estructurales de desigualdad que producen, y se traducen en, procesos de violencia.
Las mujeres con discapacidad tenemos que luchar no sólo contra la discriminación por nuestro género sino por nuestra condición y situación de discapacidad, la cual nos pone en «el banquillo de los acusados” ante situaciones que mujeres sin discapacidad atraviesan sin cuestionamientos ni prejuicios (o con menos u otros cuestionamientos), como la maternidad, la sexualidad, las profesiones o el sólo hecho de decidir por su propia vida.
En el ámbito laboral la desigualdad de género también se hace presente, es así que según las últimas estadísticas al respecto reflejan que solo el 26% de las mujeres con discapacidad accedemos a un trabajo formal mientras los hombres con discapacidad alcanzan el 40% de la ocupación laboral.
En ésta situación de pandemia, en donde los cuidados hacia las personas se intensifican la situación de vulnerabilidad es aún mayor, dado a que por un lado el quedarse en la casa para muchas de nosotras implica que la carga familiar, ya sean por hijos o tareas del hogar, recae en la mujer como “mandato cultural.”
Por otro lado, las mujeres que padecen violencia de género no sólo física sino psicológica, que suele ser invisible ante la mirada de la sociedad, están confinadas a la convivencia permanente con su agresor y en muchos casos sin poder expresarlo.
La dificultad de acceder a un empleo formal, que posibilite la independencia económica, genera uno de los factores que impiden que la mujer en situación de violencia no pueda salir de esa forma de vida.
Nuestras autonomías se ven afectadas también cuando bajo la excusa de la situación de pandemia muchos lugares, trámites, etc., solicitan un cuidador o representante de la persona con discapacidad.
Perdemos la autonomía como derecho que tiene cualquier persona, cayendo así en una discriminación enmascarada bajo el título de “cuidados” hacia la persona con discapacidad.
El impacto que tuvo la pandemia en nuestro grupo social vino a profundizar las problemáticas ya existentes. Es así, que varios testimonios de compañeras exponen la problemática que deben atravesar: en los casos de contar con internación domiciliaria, tanto las empresas contratadas como las obras sociales no proveen al personal de elementos de aislamiento (guantes, barbijos, batas) que deben ser proporcionados por ellas mismas.
A su vez, muchas de nosotras viven la permanente invisibilidad para el Estado Nacional, Provincial y Municipal al no ser incluidas en diferentes planes de asistencia, tales como programa IFE.
Otra dificultad que las personas con discapacidad han padecido en ésta situación de pandemia ha sido la falta de recursos y accesibilidad tecnológica, muy necesaria en tiempos normales, imprescindibles en contexto de pandemia.
En este tiempo en el que muchos trámites importantes quedan postergados como también la dificultad del acceso a la educación por falta de recursos tecnológicos o de conectividad. Incluso se pone en riesgo la vida por no contar con los elementos tecnológicos necesarios (un celular con Whatsapp, una computadora, etc.) ni con familiares que puedan ayudarles.
La falta de acceso a este tipo de recursos está asociado a la falta de empleo y el acceso limitado e insuficiente a programas sociales que empuja a muchas mujeres con discapacidad a situaciones de pobreza.
En este contexto de emergencia sanitaria se han realizado diversas conferencias y encuentros en todo el mundo sobre la problemática de género, la discapacidad en la pandemia Covid-19 y en todas ellas la condición de desigualdad, riesgo y discriminación es la misma con variantes propias del lugar pero las luchas son compartidas.
Nuestro país no escapa a éstas situaciones de vulnerabilidad que atravesamos hoy las mujeres con discapacidad y es por ello la importancia que se materialicen políticas públicas que aborden la temática, para que en corto plazo se den soluciones a todas éstas problemáticas de las mujeres en condición de discapacidad como una deuda pendiente que hoy se acentúa en pandemia.
El enfoque de interseccionalidad, que pueda atender las situaciones de especial vulneración y discriminación que atravesamos por ejemplo las mujeres con discapacidad, las niñas con discapacidad, las mujeres con discapacidad de sectores populares, o que pertenecen a grupos indígenas, etc. es fundamental para construir políticas de lucha y eliminación de las violencias contra las mujeres diversas.
Y con una mirada de construcción social, siempre hay que volver a mirar en los procesos educativos: es imprescindible que las políticas educativas sean con perspectiva de género e inclusiva ya que los ámbitos educativos como las escuelas y distintos espacios de formación, son un reflejo de lo que se construirá fuera de ella en la sociedad.
