En las últimas semanas, el presidente mintió en algunas afirmaciones sobre las universidades públicas argentinas. Con datos e información analizamos algunas de ellas.
En el renombramiento de Centro Cultural Kirchner (CCK) a Palacio Libertad, el presidente Javier Milei realizó expresiones públicas falaces sobre la Universidad Nacional.
Milei ignora la Constitución y a su vez pasa por alto que su gobierno no cumplió con las obligaciones que tenía para que las auditorías actuales se puedan hacer de forma normal.
Algunas de las incongruencias del presidente sobre la universidad pública dichas en las últimas semanas fueron:
“La Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta”, afirmó, calificando a las universidades como “un subsidio de los pobres hacia los ricos”.
En cuanto a la clase alta, apenas un 15% son de clase media alta o alta según relevó el senador provincial Martín Barrionuevo.
En base a la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el índice de pobreza entre los universitarios subió 14,7% en apenas tres meses. En septiembre del 2023, los alumnos pobres eran un 27,9% y a fin del primer trimestre de 2024 ese porcentaje aumentó 20 puntos porcentuales, llegando al 48%.
De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, dos de cada tres estudiantes de universidades públicas son decil 1-6 (los que tienen más necesidades insatisfechas, con ingresos por debajo de los 700 mil pesos).
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«La universidad dejó de ser una herramienta de movilidad social para ser un obstáculo para la misma”.
Los datos no coinciden con esta afirmación.
Con base en información publicada por el Ministerio de Capital Humano, “Chequeado” hizo un relevamiento de cuántos de los que ingresan son primera generación de universitarios.
Según los datos del propio Gobierno, en promedio, el 47,8% de los inscriptos en 2022 (último dato disponible) era primera generación de universitarios en sus familias. Y ese porcentaje sube a 62,3% si solo se cuenta a quienes respondieron sobre la instrucción de sus padres. Según la zona y la universidad ese porcentaje varía ampliamente.
De acuerdo a datos del INDEC, «a mayor nivel educativo, alcanzado menor es la incidencia de la informalidad».
La tasa entre los asalariados con nivel educativo universitario completo en el primer trimestre de 2024 fue del 15%; algo más de 20 puntos porcentuales adicionales (36%) fue la tasa entre los asalariados con nivel educativo intermedio (secundario completo o universitario incompleto), para alcanzar el 54% entre los asalariados que no completaron la educación media. Sin educación, es cuatro veces más probable que una persona tenga un trabajo no registrado.
«Queremos terminar con las filtraciones del dinero que llega y se queda en el medio, con autos caros de 90 mil dólares y choferes que cobran 13 millones de pesos».
Para afirmar esto, el presidente se basó directamente en una fake news difundida por una troll libertaria con nombre falso, que escribió en Twitter: “13.845.000 pesos nos sale el chofer privado del rector de la Universidad Nacional de Rosario (Franco) Bartolacci. Docente, alumno, te dijeron que no hay plata? Bueno, lamento decirte que si la hay, solo que no para vos, pero ojo para el chofer sí”. Debajo de ese texto colgó un enlace que lleva al pliego de licitación del servicio.
Esto ya fue desmentido por el rector de la Universidad de Rosario: «No es un chofer personal, es para movilidad institucional, y ni cobra ese dinero. Es una fake con información tergiversada intencionalmente. Se toma información que es pública, porque está disponible en la web para acceso de cualquiera, y se tergiversa con la intención de seguir desprestigiando”, afirmó. «No es un sueldo, es un contrato abierto por tres meses en el que se va afectando presupuesto conforme los kilómetros realizados y lo que no cuando finaliza el periodo se prorroga o se desafecta presupuestariamente, según corresponda. Es al revés de lo que se pretende instalar».
«Si no quieren ser auditados es porque están sucios. No quieren las auditorías para seguir defendiendo el robo”.
A esto, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), respondió “las universidades públicas están entre los espacios más controlados del Estado. Somos auditados por la Auditoría General de la Nación (AGN), y si se quieren intensificar los controles, bienvenido sea. No tenemos nada que ocultar”.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desmintieron esta afirmación: remarcan que las universidades son auditadas de manera interna y externa por la Auditoría General de la Nación (AGN), y luego se suben los resultados a las páginas web de cada institución.
El propio Gobierno no cumplió ninguno de los pasos formales para avanzar con las auditorías de este año.
La Constitución y la Ley de Educación Superior establece que las universidades nacionales deben ser controladas por la AGN, que depende del Congreso (este año, por ejemplo, está auditando a seis universidades nacionales). Pero Milei no quiere que la controlen los organismos que establece la Constitución, sino Sandra Pettovello.
