También reclaman analizar las “trabas” que el Gobierno nacional está poniendo.
Más de 200 organizaciones y organismos de derechos humanos le solicitaron a la Corte Suprema que se involucre en la resolución de las demoras que afectan el tratamiento de las causas de lesa humanidad.
Algunos de los temas que le plantearon al tribunal de última instancia es que hay demoras en la instrucción, pedidos de indagatorias que nunca se resuelven, faltas de salas, audiencias esporádicas, como así también la decisión del gobierno de Javier Milei de restringir el acceso a los archivos.
Parte del reclamo consta que se cite a la comisión interpoderes. El organismo impulsado por la Corte se creó en 2009 y está integrado por representantes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que deben coordinar las acciones para llevar adelante el proceso de juzgamiento de los responsables de los delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado (las mismas tuvieron cierta regularidad hasta 2016).
Desde que Horacio Rosatti asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en 2021, la interpoderes no se reunió; y ahora su mandato está pronto a terminar.
Por esto, el pasado viernes, 245 organizaciones le pidieron que concrete un encuentro “a fin de tratar con urgencia los graves problemas que afectan el desarrollo de los juicios en distintas jurisdicciones y la delicada situación provocada por las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional que afectan seriamente la obligación del Estado argentino de investigar, juzgar y sancionar los más terribles crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro país en la historia reciente”.
Algunas de las firmas que aparecen en la nota son la de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), APDH La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Buena Memoria, nueve filiales de H.I.J.O.S y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).
Como abogado querellante, Pablo LLonto sostiene que “hay enorme preocupación por el tema de la lentitud de los juicios, sobre todo en instrucción, porque hay todavía centenares de genocidas identificados y por identificar que deben ser llevados a juicio oral. Hay, por lo menos, 60 por ciento de las víctimas de privaciones ilegales de la libertad que no han tenido juicio. La comisión interpoderes se creó para acelerar los juicios. Es un contrasentido que no se reúna cuando más demorados están”.
El pasado mes de julio, Llonto solicitó la convocatoria de la interpoderes, pero no obtuvo respuesta.
Ante el pedido, habían detallado que había dilaciones en la instrucción de las causas, falta de llamados a indagatoria, retrasos a la hora de revisar los recursos, falta de personal en las secretarías de derechos humanos de los juzgados, juicios demorados, falta de salas para las audiencias, impedimentos para la transmisión y trabas para acceder a los archivos del Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad y la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –hoy Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
