Los calabozos de la pandemia

Mangel Sánchez estuvo detenido 3 días en la UCA por ir a comprar una cerveza durante la cuarentena, aunque adquirir alimentos y bebidas es una de las salidas permitidas durante el aislamiento social. Luego de vivir un infierno en condiciones de terror, este joven de 26 años nos narra una historia en la que se entremezclan el racismo de la Policía, los extensos “tiempos” de la Justicia y el pobre estado de las cárceles cordobesas. Y nos preguntamos: de esta crisis, ¿nos salvará la represión o la solidaridad?

72 horas. Por salir a comprar una cerveza durante la cuarentena, un joven de origen peruano estuvo tres días detenido en la UCA, donde tuvo que apretujarse en un calabozo con cuarenta personas, con las que también estuvo obligado compartir un balde para orinar. Otra historia de terror de las tantas que suceden en la ciudad -desde antes de desatada la pandemia-, en la que se unen las paupérrimas condiciones de las cárceles cordobesas, el histórico racismo de la Policía de la provincia y las dilaciones de la Justicia: tres factores que no contribuyen a erradicar la circulación del coronavirus, sino a amplificarla.

Mangel Sánchez tiene 26 años y hace más de 10 que vive en Córdoba, adonde emigró desde su Perú natal. Es muy creyente y le gusta la música, y llegó a combinar su religión y su pasión por la música cantando en videos de hip hop cristiano. Mangel alquila una piecita en el barrio Nuestro Hogar III, pero la obligatoriedad del aislamiento social lo agarró en la casa de su tío, que queda en Alberdi, en la calle La Rioja. Desde que se dispuso la cuarentena, Mangel fue parado y aprehendido tres veces por la policía: en todas esas ocasiones, terminó esposado en un móvil y trasladado a una unidad judicial.

“La primera vez fue al día siguiente de que empezara la cuarentena: me llevaron a la Comisaría primera, había ido a comprar comida a un restaurante peruano. Me metieron al móvil, me esposaron. Me agarraron las 14 y me soltaron a las 12 de la noche. Estuve ocho horas”, cuenta a El Resaltador. A los días, se lo llevaron de una plaza, cuando estaba volviendo de hacer las compras en un almacén. También lo esposaron, pero esta vez estuvo aprehendido una hora.

La tercera es la vencida

Dos semanas después de la segunda detención, el 19 de abril, Mangel caminó 20 minutos para ir a comprar una cerveza a un kiosco. Antes de llegar, dos policías en moto lo abordaron. Lo trasladaron a la Unidad Fiscal por Emergencia Sanitaria, en la calle Duarte Quirós 650, creada por el Ministerio Público Fiscal para tratar delitos relacionados a la propagación del coronavirus en Córdoba. Desde allí, lo trasladaron a la UCA.

Si bien ir a comprar alimentos y bebidas es una de las salidas permitidas para toda la población desde que se dispuso la cuarentena, a Mangel lo aprehendieron tres veces por hacerlo. “Hay un montón de gente en la calle, ¿por qué me paran a mí?”, se pregunta Mangel. ¿Por qué la Policía lo detuvo tres veces, y a otros tan solo les piden la documentación, los dejan ir con una advertencia, o no les dicen nada, ya que asumen que operan dentro de las salidas permitidas? ¿Cuál es el criterio? Mangel ensaya una respuesta: “Me ven la cara, y piensan que ando robando”, dice Mangel, que es morocho y vestía gorra y campera deportiva cuando se lo llevaron. Las detenciones por portación de rostro forman parte de las denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos que hace 15 años organizan en Córdoba la multitudinaria Marcha de la Gorra.  Al 20 de abril, el día de la última detención de Mangel, la Policía de Córdoba contabilizaba 13.965 aprehendidos por violar la cuarentena. Al 27 de abril, día del cierre de esta nota, 17.214.

“Hay una avanzada represiva en este contexto excepcional, sobre todo en los barrios populares”, afirmó Antonella, de Correpi Córdoba. “La Policía hostiga, golpea y detiene de manera arbitraria: no es nuevo, pero se está naturalizando y extendiendo a otros lugares”, afirma. “Son reiterados los casos de personas que han salido por alimentos, medicamentos o para asistir a un familiar, pero cuando se cruzan con alguna Fuerza al que no le convence la forma en que hablan o el certificado de circulación o cómo va vestido, puede terminar en una detención, en golpes, en hostigamientos o incluso en disparos”, afirmó la militante de esta organización antirrepresiva.

Quedate en cana

Su primer día en la UCA, Mangel lo pasó en condiciones inhumanas. “Estuve en un calabozo con 40 personas. No hay baño. Te encierran todo el día, y te dejan solamente media hora para hacer tus necesidades. Te ponen un balde para orinar. Se siente un olor a pis impresionante. Y hay gente acusada de cometer todo tipo de delitos, además de chicos de la calle... Yo tuve que compartir la cama con otros chicos, porque no alcanzaban para todos”, narra Mangel a El Resaltador. “Era un desastre, un quilombo, un infierno. Fue una eternidad. No se pasaban más las horas”, resume. Luego, lo trasladaron a una celda con siete personas, donde pasó otras dos noches. Un total de tres, por ir a comprar una cerveza.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal se mostraron incrédulas cuando El Resaltador narró los acontecimientos y consultó por la cantidad de días que Mangel estuvo privado de su libertad. “Actualmente, demora un segundo en obtener la ficha prontuarial, porque está todo informatizado: si no se tiene pedido de captura, la imputación es por la violación al artículo 205, que habla de la seguridad sanitaria, y se va a su casa en seguida. Si estuvo 3 días en la UCA, no puede ser solamente por violar la cuarentena”, confiaron a este medio. Sin embargo, luego de especificar los datos de Mangel, desde ese organismo admitieron: “Hubo una demora lógica en la tramitación de la planilla prontuarial, por una cuestión de lógica administrativa y por la cantidad de volumen en general”. Vale la aclaración: la planilla de Mangel, que tardó tres días en llegar, acusaba un registro libre de antecedentes penales.

De acuerdo a Victoria Siloff, abogada de Derechos Humanos, “según el Código Procesal Penal vigente desde 2017, el fiscal está facultado a resolver la situación coercitiva inmediatamente, sin necesariamente esperar por la planilla de antecedentes”. Concretamente, la normativa “habilita a las fiscalías a resolver si le da la libertad al imputado recientemente aprehendido, notificándolo y citándolo a sede judicial bajo intimación de quedar detenido: una medida más proporcional, en comparación a estar privado de la libertad 72 horas esperando planillas que puede esperar en su casa”. Por eso, afirma que “considerando que en nuestra normativa el encierro es la excepción, estar tres días aprehendido por un delito menor por las dudas de que tengas antecedentes, es sumamente excesivo, irracional y violatorio de los Derechos Humanos”. Y agregó: “Además, la planilla podría llegar en una cuestión de horas, mucho mas ágil, ahora que se cuenta con la tecnología para hacerlo”.

Por su parte, Antonella, de la Correpi, asegura que “el protocolo es que cuando te detienen, estás un par de horas y te sueltan”. Sin embargo, esa cantidad puede aumentar por criterios que no están del todo explicitados, como “si violaste más veces la cuarentena, pero también por tu aspecto físico, tu vestimenta...”.

Asimismo, consideró que “en Córdoba, hemos recibido denuncias de que no se cumplen con los criterios de salud e higiene, y son muchas las personas detenidas en un mismo espacio”. En esa línea, aseguró que estar tantos días en un espacio de detención “es riesgoso y es un problema, porque significa un riesgo para salud, por el tema del coronavirus que supuestamente se busca combatir, pero también por la violencia y el abuso que se dan en estos lugares”. Y ejemplificó: “Nos han llegado casos de mujeres que se han tenido que desnudar frente policías varones, o de 15 personas que han dormido en un mismo espacio”. 

Asimismo, en el contexto de la pandemia y el aislamiento social, “nadie puede llegar a esas personas para saber como están, o hacer presión. Ante ese vacío, hay un aprovechamiento en el que se va recrudeciendo cada vez más la situación”, analizó. Y añadió que muchos privados de su libertad “no pueden contar con medicamentos o elementos de higiene, que normalmente les llevan los familiares, que hoy no pueden llegar por la cuarentena”. “Es todavía mayor el desamparo”, graficó.

Desde que se dispuso la cuarentena, casi que naturalmente, las Fuerzas de Seguridad adquirieron más poder y cierto sector de la sociedad civil se alegró por ello, sumándose sin problemas a la moda de las gorras y los botones. Pero también hubo medidas inéditas de protección estatal para los más perjudicados por la crisis -personas de sectores populares, pymes, trabajadores de la economía informal, etc.- y una abrumadora solidaridad por parte de la población. Cuando vuelvan los abrazos, los mates, cuando las puertas se abran y las persianas se levanten, deberemos respondernos: ¿qué evitó que la circulación del virus fuera mayor? ¿Una salud pública fuerte, la generosidad, la medicina, un Estado que intentó -aunque de forma insuficiente- paliar las desigualdades? ¿O unas Fuerzas de Seguridad y Armadas más empoderadas, las cárceles inhumanas, la Justicia lenta? ¿Contaremos que lo que nos salvó fue ese gen represivo, tan enquistado en la sociedad argentina, que le hizo vivir un infierno de tres días a un pibe por comprar una cerveza, llegándole a obligar a hacinarse con 40 personas y a orinar en un balde?

En resumen, ¿la “nueva normalidad” nos encontrará más solidarios? ¿O más autoritarios?

Por Facundo Iglesia