La Ley de Identidad de Género se aprobó el 9 de mayo de 2012 y fue promulgada el 25 de ese mismo mes. Esta disposición establece que toda persona puede ser identificada en el DNI con el género que quiera, sin la necesidad de operarse. Además, uno de sus puntos más importante es que las obras sociales y prepagas deberán cubrir las intervenciones de cambio de sexo.
Este jueves se cumplen siete años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, la cual trajo un avance significativo en materia de derechos humanos para las colectividades LGBTIQ+ en la Argentina. A través de esta legislación, toda persona tiene derecho “al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género”.
Así, es que todo ciudadano argentino puede solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.
También establece que toda persona tiene derecho “a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”.
Todas las personas mayores a 18 años pueden acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales, y las obras sociales o prepagas a las que estén adheridos deberán cubrir el gasto de la operación. También a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida. No se necesita ninguna autorización judicial o administrativa.
El 2 de julio de 2012, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner entregó los primeros DNI a personas que resultaron beneficiados por la Ley de Identidad de Género.