Se trata de una iniciativa que comparte propuestas del PJ y la UCR y busca impedir el acceso al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de personas condenadas en segunda instancia.
El proyecto de Ficha Limpia se aprobó este viernes 27 de diciembre en la Legislatura de Córdoba. Contó con el apoyo de la bancada del oficialismo y gran parte de los bloques opositores.
Se trata de un texto que compatibiliza propuestas del PJ con la UCR y busca inhabilitar candidaturas de condenados. La impulsora fue la legisladora de la UCR, Brenda Austin. Su proyecto se compatibilizó con el de Hacemos por Córdoba (de Julieta Rinaldi, María Victoria Busso y María del Rosario Acevedo).
Consiguieron el aval de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General.
En su momento, Austin buscaba incorporar el artículo 49 bis al Código Electoral de la Provincia de Córdoba, en el que se detalla que “no podrán ser candidatas las personas que se encuentren condenadas a penas privativas de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso”.
«Si no podés ser candidato a legislador tampoco podés ser ministro. Es decir, las personas condenadas no deberían ocupar ningún lugar de toma de decisiones en el Estado», aseguró Austin, quien presentó el proyecto de Ficha Limpia en diciembre del 2023, apenas asumió su banca en la Legislatura.
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Tenemos dictamen de #FichaLimpia para Córdoba!
— Brenda Austin (@brendalisaustin) December 23, 2024
– doble conforme
– todos los delitos dolosos de penas privativas de la libertad
– para todos: cargos electivos, partidarios; provinciales y municipales; funcionarios públicos de PL, PE, PJ
Ahora vamos por la ley🙌
Una buena 😁
Por su parte, las legisladoras Rinaldi, Busso y Acevedo, basaron su proyecto en que “no podrán ser candidatas a cargos públicos electivos provinciales o municipales, ni a cargos partidarios aquellas personas que se encontraren condenadas en segunda instancia”.
El proyecto unificado de ficha limpia en la Legislatura establece que quedarán inhabilitadas para cargos electivos “las personas condenadas a penas privativas de la libertad de ejecución efectiva o a pena de inhabilitación principal o accesoria por delitos dolosos de cualquier naturaleza, previstos en el Código Penal de la Nación o en leyes especiales, en virtud de sentencias dictadas por tribunales del Poder Judicial de Córdoba, por tribunales nacionales, federales o de otras provincias”.
La medida que impide autorización a cargos electivos “requiere que la sentencia condenatoria haya sido confirmada por sentencia dictada por tribunal de instancia ulterior, por vía recursiva o impugnativa, ordinaria o extraordinaria de conformidad a las normas procesales que resulten de aplicación”.
En resumen, no solamente inhabilita a que sean candidatos a cargos electivos personas que tengan condenas con doble conforme (segunda instancia) sino que además la incompatibilidad es para acceder a cualquier cargo de la administración pública, de los tres poderes del Estado a nivel provincial, municipal y cargos partidarios.
