En los discursos de muchos políticos es común encontrar la palabra justicia social. Pero, en las calles, pareciera ser que ha pasado de moda a partir del individualismo pregonado desde el gobierno nacional. ¿Cuán fuerte cala el discurso libertario?
El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, a partir del año 2007 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió declarar la efeméride.
Se trata de un concepto difícil de definir, o al contrario, tan amplio que muchas cosas pueden referenciarse con él.
Uno que parece ser lo más claro posible es el que propone Eloy Mealla, licenciado en Filosofía:
Para poner en claro la justicia social –históricamente relacionada con la «cuestión social», surgida a partir de los desequilibrios producidos tras la revolución industrial– es la superación de una justicia legal cuando se vuelve obsoleta e incapaz de procurar el bien común y la paz social.
Pero actualmente en Argentina, en plena «batalla cultural» se diferencias dos posturas claras: las de aquellos que levantan las banderas de la justicia social como principios a respaldar y defender; o quienes como el presidente Javier Milei entienden que la justicia social es «un monstruo horrible y empobrecedor, una idea realmente aberrante».
En nuestra constitución nacional en el art 75, entre las atribuciones del Congreso se destaca que debe «Proveer lo conducente (…) al progreso económico con justicia social».
A su vez, es considerada un instrumento jurídico con categoría de principio de Derecho Social según fallos de la Corte Suprema de la Nación, que lo reconocen como indispensable para lograr el bienestar general de las personas.
En tiempos donde se habla del poder judicial viciado, anacrónico y anticuado y de un creciente individualismo, parece importante recordar la justicia social como un fin que garantiza los derechos humanos, el progreso y la paz de los pueblos.
¿Desde dónde generarla?
Si las leyes o la justicia legal se vuelven obsoletas, la justicia social debe intentar realizarse desde el pueblo o desde el estado que está conformado por todos los individuos de la sociedad.
En este contexto, la idea de un estado austero que proponen el gobierno nacional (y adhieren la mayoría de los gobiernos provinciales) contrasta totalmente con el concepto de un estado garante de derechos, con lo cual se están dejando de lado los principios de la justicia social.
Ante este panorama es donde toman aún mayor relevancia las organizaciones sociales, movimientos autoconvocados, los gremios y sindicatos, y todo tipo de actores de la sociedad civil.
Un dirigente gremial señalaba: «la clase trabajadora y el pueblo humilde no debe esperar que ese concepto se haga realidad desde el estado ni de ningún tipo de estructura. Sino que se debe organizar comunitariamente y luchar para que las injusticias sociales se transformen. Hay que construir esa realidad».
Así, la justicia social es siempre un hecho colectivo frente a un individualismo reinante y lógicas que se proponen desde el poder como las de la meritocracia, el «sálvese quien pueda», o «yo me hice solo». Todas estructuras que se replican mayormente en el mundo de las criptomonedas o de las apuestas online en donde se busca la salida más rápida para un individuo en medio de una crisis social.
Ejes
El trabajo es una piedra basal de la justicia social, de hecho, la Organización Internacional del Trabajo la promueve desde su creación en 1919.
Para la OIT, la justicia social es el acceso equitativo a los derechos y oportunidades. Por un siglo, desde la organización se ha impulsado distintos objetivos estratégicos para lograr la justicia social a través de:
- promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido;
- la protección social;
- la realización de los principios y derechos fundamentales en el trabajo;
- y el diálogo social.
Uno de los problemas que se ha generado es que la realidad del trabajo ha cambiado: la lógica del trabajador asalariado ya no es la que prima sino que se generaron diversas formas de trabajo. En Argentina, se puede mencionar los trabajadores no formales, los monotributistas, los autogestivos, los cooperativistas, etc.
En ese contexto es difícil hablar de pleno empleo, pero más difícil se hace hablar de retribución justa.
Ni hablar de la distribución de la riqueza generada por los trabajadores. Una dirigente social señalaba que la justicia social son todas las acciones sociales tendientes a romper con un esquema que cada vez hace mas grande la desigualdad.
En este marco económico, la justicia social debe alentarse para reducir la pobreza, aplacar las inequidades y modificar el hecho de que el sistema generó sociedades desiguales en donde el 1% de la población más rica concentra más del 90% de la riqueza global.
Desde el gobierno nacional de Milei parece no importar esta realidad: se brindan grandes excepciones a empresas internacionales a través del RIGI; se bajan impuestos para ricos como bienes personales y el de autos de lujo; se permite no pagar las multas correspondientes por no registrar trabajadores debidamente con el blanqueo; entre otros ejemplos.
Mientras a los trabajadores se les subió el costo del monotributo; se reestableció la cuarta categoría del impuesto a las ganancias; se le quitaron los subsidios a las tarifas de gas y luz; sumado a que se echó a más de 30.000 trabajadores del estado y por la crisis económica se pierden puestos de trabajo constantemente.
Ante este panorama es que recuperar los principios de la justicia social se vuelve relevante.
Algunos de los ejes más urgentes sobre los que trabajar son los siguientes:
- Discriminación y exclusión. Las minorías, las mujeres y otros grupos vulnerables siguen enfrentando barreras que les impiden avanzar.
- Desigualdad económica. La brecha entre ricos y pobres sigue creciendo. En muchos países, la gente trabaja sin parar, mucho más de las 8 horas recomendadas y aun así no logra cubrir las necesidades básicas.
- Acceso a la educación y salud. Millones de personas siguen sin poder acceder a una educación de calidad o a atención médica adecuada.
- Cambio climático y justicia social. Las comunidades más pobres son las que más sufren los efectos del cambio climático, aunque no sean responsables de la crisis ambiental.
