A 10 años del asesinato del joven de 18 años Fernando «Güere» Pellico a manos de dos policías, la Justicia determinó indemnización para su primo, herido de bala.
La Justicia determinó que en el caso de gatillo fácil de Fernando «Güere» Pellico, tanto los dos oficiales asesinos como la Provincia deberán pagarle una indemnización a su primo, Maximiliano Peralta, herido de bala en el mismo hecho.
El Juzgado en lo Civil y Comercial de 24a. Nominación de la Ciudad de Córdoba dictaminó que los dos oficiales culpables y el Gobierno de la Provincia deben pagarle una indemnización al sobreviviente del caso, Peralta, por las secuelas físicas y mentales, daños y perjuicios.
La jueza Alejandra Sánchez Alfaro dictó la sentencia civil y reconoció que Maximiliano, su primo fallecido y sus familiares «fueron víctimas de trato discriminatorio, agraviante o ultrajante, que configuró violencia institucional».
«Tales conductas perpetradas por los dependientes del Estado provincial conforman ofensas a la dignidad humana, al honor, además de la afectación del derecho a la vida, a la integridad psicofísica y a la libertad de cualquier persona», explicó la magistrada.
Sánchez Alfaro señaló que la Provincia debe responder civilmente por los daños causados por miembros de las fuerzas de seguridad y dispuso que, como una manera de resarcir el daño a la dignidad, la sentencia sea publicada.
Cómo fue el caso de Fernando y Maximiliano
El 26 de julio de 2014, el joven de tan solo 18 años Fernando “Güere” Pellico y su primo Maximiliano Peralta estaban viendo un partido de fútbol en su casa en Barrio Los Cortaderos cuando decidieron ir a comprar gaseosas. Según figura en la sentencia, ambos se trasladaban en motocicleta cuando dos efectivos desde una patrulla, que en «ningún momento los instruyeron a que se detuvieran y no les hicieron ningún tipo de señal» comenzaron a dispararles por la espalda.
Pellico fue asesinado por una de esas balas, que atravesó su garganta. Su primo, Peralta, sobrevivió al episodio de violencia institucional, pero recibió el impactó de una bala en la pierna derecha.
Los oficiales responsables, Lucas Chávez, de 33 años, y Rubén Leiva, de 51, incluso intentaron fingir luego un enfrentamiento, disparándole a su propio patrullero, y le pidieron a un mecánico un arma para implantarle al joven asesinado.
Por el hecho, casi dos años más tarde, ambos fuero condenados con cadena perpetua por homicidio agravado: tanto por uso de arma de fuego como por su condición de policías. Desde ese entonces cumplen condena en la cárcel de Bouwer.
A 10 años del hecho, la Justicia sentó precedente determinando que en este caso de gatillo fácil, el damnificado sobreviviente reciba indemnización, pagada tanto por los oficiales como por el Gobierno provincial. Aunque nada le devolverá la vida a Fernando ni le quitará el trauma y el dolor a Maximiliano y sus seres queridos, la importancia del fallo radica en hacer que la Provincia al menos se haga responsable de la violencia de sus policías.
