Allanaron el domicilio particular del dirigente sindical y la sede del gremio en Río Cuarto. Responsabilizan a Bullrich y Llaryora por este accionar.
En Córdoba, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció persecución política luego del allanamiento al domicilio de Federico Giuliani, quien se desempeña como secretario General del gremio.
También allanaron la sede de la seccional Río Cuarto e imputaron por «intimidación pública» e «incitación a la violencia» al dirigente sindical, tras la movilización del pasado 25 de mayo, en el marco de la visita del presidente Javier Milei.
«Este accionar forma parte de la persecución que el Gobierno nacional ha desatado contra los estatales desde el 10 de diciembre. Nosotros estuvimos presentes en Córdoba el 25 de mayo y denunciamos la violenta represión que sufrimos. Hacemos responsables a la ministra Patricia Bullrich y al gobernador Martín Llaryora por todos estos ataques«, manifestó Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.
El allanamiento comenzó en simultáneo por orden del fiscal provincial Emilio De Aragón, quien también ordenó la retención del celular de Giuliani. Asimismo, allanaron el auto particular de la esposa de Giuliani y otro vehículo, propiedad de ATE.
Giuliani se presentó en Tribunales II luego de la citación. En conferencia de prensa, los abogados Claudio Orosz y Eugenio Biafore, comentaron que el dirigente cumplió con la citación judicial y adelantaron el pedido de apartamiento del fiscal.
Aseguran que De Aragón está denunciado por la posible comisión de delitos de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en la instrucción de la causa elevada a juicio contra el dirigente de ATE y otros dirigentes sociales por su participación en la marcha contra el hambre.
El abogado Orosz apuntó contra la fiscalía y sostuvo que hay intención de criminalizar la protesta social: «Vivimos en Córdoba y se sabe el sojuzgamiento que tiene la Justicia y particularmente el Ministerio Público Fiscal (MPF) al poder político. Tanto es así que la cabeza del MPF se renueva cada cinco años por elección del Poder Ejecutivo, con la anuencia de la Legislatura de mayoría automática. Así sucedió con los últimos fiscales generales», concluyó.
ATE exigió a las autoridades nacionales y provinciales el inmediato cese de sus políticas de amedrentamiento contra los trabajadores y sindicatos, que ponen en juego el pleno ejercicio de la democracia en nuestro país.
Con información de EnRedacción.
