Este fin de semana, el sistema informático del Poder Judicial de Córdoba sufrió un ciberataque que bloqueó el acceso a su página web, servicios digitales y bases de datos. Las consecuencias más graves recaen sobre la ciudadanía.
Luego del hackeo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), mediante una acordada se declararon cuatro días inhábiles desde el martes 16 hasta el viernes 19 de agosto.
Es un hecho grave, sería el segundo ataque a nivel mundial por parte del virus ransomware, y este es uno de los motivos por el cual el sistema antivirus del Poder Judicial no pudo detectarlo.
EL RESALTADOR habló con María Fernanda Pujol, abogada de Córdoba y referente de la Agrupación Abogados Unidos Villa Carlos Paz, sobre las consecuencias que hoy afronta la sociedad a raíz del ataque informático.
“El problema no está dirigido a los abogados/as o a quienes tramitamos, sino a la ciudadanía, porque los abogados somos intermediarios para obtener un resultado en un conflicto judicial. Partamos de que el problema es de la ciudadanía que no va a poder ver, por el momento, un resultado inmediato de su causa”, dijo la letrada.
Desde el 2019, el Poder Judicial trabaja con un sistema electrónico, allí se suben las demandas, se realizan las notificaciones, se cargan los decretos de los expedientes, etc. Básicamente, no existe el papel físico.
“Si no resuelven este problema, toda la información de cada uno de esos juicios, que son miles y miles, van a quedar como si no existieran. Abogados/as, jueces/zas y tribunales no pueden acceder al sistema para ver las causas”, enfatizó la abogada.
La realidad es que un virus ha bloqueado, encriptado, toda la información del sistema de Tribunales, y recién el viernes habrá novedades. Se desconoce la intencionalidad de este hackeo: ¿fue por alguna causa sensible que lleva el TSJ o van a pedir dinero para liberar esos datos?.
“Es una situación grave, no sabemos si los archivos están dañados, si efectivamente se podrán recuperar las copias de backup o si están las contraseñas dañadas”
María Fernanda Pujol, abogada de Córdoba y referente de la Agrupación Abogados Unidos Villa Carlos Paz.
Para la entrevistada “la primera consecuencia es sobre la ciudadanía”. Por ejemplo, si se estaba tramitando una cuota alimentaria ¿cómo saber si el progenitor moroso ha sido notificado o si está avanzado el decreto?.
En relación al punto anterior, quienes trabajan en el sistema judicial no pueden acceder a las causas que se están tramitando, esto incluye reclamos familiares, laborales y civiles.
“La sociedad debe tomar conciencia del riesgo en que nos encontramos: el proceso que ha iniciado durante estos últimos dos años se va a encontrar paralizado y no sabemos si va a existir después del viernes, es decir, no podemos afirmar que ese trámite que uno tenía podrá ser recuperado”, alertó la abogada María Fernanda Pujol.
Lo que no está dentro del sistema, no existe. Por eso, es clave que las copias de respaldo de la información se puedan salvar.
