El Gobierno porteño y las empresas de deliverys apelarán la suspensión

El viernes pasado, la Justicia porteña resolvió suspender las aplicaciones de deliverys como Pedidos Ya, Rappi y Glovo debido al "incumplimiento" de ciertos requerimientos solicitados hace más de siete meses. Tanto el jefe de Gobierno como las empresas apelarán el fallo.

Las empresas debían presentar listas completas de su personal, constancias de haberle entregado elementos de seguridad vial requeridos por ley, libretas sanitarias vigentes para todo el personal, coberturas de seguro, ART, entre otros requisitos. Sin embargo, ninguno de estos requerimientos fueron cumplidos, por eso el juez Roberto Gallardo tomó la decisión de suspender las actividades de Rappi, Glovo y Pedidos Ya.

Te puede interesar: La Justicia porteña suspendió a Rappi, Glovo y Pedidos Ya. 

Ante la decisión la Justicia, el gobierno de Horacio Larreta y las empresas de deliverys anticiparon que apelarán el fallo y que además recusaron al juez Roberto Gallardo.

El fallo se  produjo a instancias de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios  (ASSIM). El gremio protestó contra la política laboral de esas compañías desde su propio establecimiento en el medio local, incluso en abril pasado el mismo juez ordenó a las autoridades políticas de la Ciudad que prohíba a las aplicaciones de delivery hasta que cumplan a la ley vigente en materia de seguridad laboral.

Pero la tensión tuvo un pico el pasado 29 de julio tras un accidente de un repartidor de Glovo. El trabajador informó a la empresa que había sido embestido por un vehículo y la firma sólo se interesó por el estado de la pizza que transportaba. El caso disparó la indignación de miles de usuarios que expresaron su repudio en las redes.

A pesar de la medida este fin de semana los mensajeros circularon por las calles de Buenos Aires. La medida judicial preveía multas para las empresas que operasen aun después de lo resuelto. Incluso instruye a la Policía de la Ciudad para que decomise la mercadería que se secuestre a las empresas “que no respeten íntegramente los requisitos legales y judiciales”.