Prestadores de servicios en discapacidad y promotores de derechos de este sector emitieron un comunicado repudiando las declaraciones de Diego Spagnuolo, quien aseguró que el pedido de declaración de la emergencia es partidario.
Esta semana, la Federación Converger, que nuclea a prestadores de servicios en discapacidad y promotores de derechos de este sector, emitió un comunicado en repudio a las declaraciones del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, que aseguró que son partidarios los intereses que están detrás de la emergencia en discapacidad, pronta a debatirse en el congreso.
Según Converger, las afirmaciones de Spagnuolo desconocen que «si bien este reclamo ha sido reimpulsado en los últimos meses debido a la inminencia de la fractura del sistema prestacional, es en realidad el corolario de más de diez años de una ininterrumpida lucha frente a la sistemática depreciación de los aranceles del sistema«.
Spagnuolo calificó el proyecto de declaración de emergencia en discapacidad como «demagógico e irresponsable» y lo vinculó directamente al kirchnerismo, desconociendo la lucha transversal que se viene dando en toda la Argentina.
«Desligitimizar a las organizaciones, acusándolas de responder a intereses mezquinos por denunciar el desfinanciamiento del sistema más bien revela la inocultable intención de profundizar el derrumbe de éste, sin asumir la responsabilidad que tiene el Estado (y no los prestadores como impúdicamente se les atribuye) de garantizar los fondos para que ese sistema funcione«, respondió la Federación Converger.
Alertan, en este sentido, que «el colapso de la oferta prestacional, de no mediar una política pública racional y austera -pero también efectiva y universal- es inminente y determinará el final de un sistema que desde 1999 se afirma en valores de igualdad y equidad».
Para concluir, en representación de todos quienes integran Federación Converger, reiteran la conveniencia de sostener el Sistema de Prestaciones Básicas para la Habilitación y Rehabilitación, contemplado en la Ley 24.901, para asegurar la cobertura integral de las necesidades y requerimientos de las Personas con Discapacidad y la universalidad de la atención de calidad.
«Para ello es necesario que el nomenclador continúe garantizando los mismos aranceles por prestación para todos los financiadores del sistema», finalizaron.
Con información de La Nueva Mañana.
