Milei busca desmantelar cualquier espacio u organismo que represente una visión contraria a su ideología, eliminando así toda estructura que pueda cuestionar, resistir o limitar la implementación de su agenda.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó la suspensión de los fondos para el centro de memoria que funciona en la ex ESMA.
El Gobierno nacional iniciará una «auditoría» para «suspender todos los pagos hasta que no haya una rendición transparente de las cuentas». Por su parte, desde el Espacio de Memoria sostuvieron que la administración de fondos cuenta con el aval del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños.
Resulta evidente que el ajuste a los espacios de memoria es una política firme de La Libertad Avanza. Milei busca desmantelar cualquier espacio u organismo que represente una visión contraria a su ideología, eliminando así toda estructura que pueda cuestionar, resistir o limitar la implementación de su agenda.
Su estrategia apunta a debilitar a instituciones, movimientos y actores que defienden posturas alternativas, reduciendo el margen de debate y consolidando un modelo sin oposición estructural.
«Cortamos otra caja millonaria en Derechos Humanos. Los organismos administraban un fondo sin control de $3.359.732.866 anuales para mantener el predio de la ex ESMA: solo para cortar el pasto gastaban $16.000.000 por mes», expresó Cúneo Libarona, intentado justificar la paralización total del espacio de Memoria que funciona en el ex centro de detención clandestino Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
CORTAMOS OTRA CAJA MILLONARIA EN DERECHOS HUMANOS:
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) April 3, 2025
Los organismos de Derechos Humanos administraban un fondo sin control de $3.359.732.866 anuales para mantener el predio de Ex-ESMA: solo para cortar el pasto gastaban $16.000.000 por mes.
Decidimos suspender todos los pagos…
El Directorio de Organismos de Derechos Humanos señaló a través de un comunicado que «la administración de los fondos del Ente Público tripartito en todas sus actuaciones cuenta con las firmas de las tres partes integrantes, que incluyen a la de Ciudad de Buenos Aires y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños».
Además, la ex ESMA no es administrada por los organismos de derechos humanos. La gestión está a cargo de un ente tripartito integrado por Nación, Ciudad de Buenos Aires y los organismos, creado por la Ley 26.415.
Los fondos corresponden a los salarios de los 176 trabajadores que sostienen el espacio de Memoria. Por lo antedicho, la ex ESMA atraviesa una amenaza latente de cierre, producto de la paralización total de las actividades que se desarrollan en el predio y la creciente incertidumbre laboral de sus trabajadores.
Este escenario no solo pone en riesgo la continuidad de un espacio emblemático de memoria, verdad y justicia, sino que también evidencia un intento de desarticular las políticas de derechos humanos, pilares fundamentales en la construcción de la memoria colectiva del país.
