En el Congreso, la gestión libertaria redirige la atención a la seguridad, un territorio más «cómodo» con fuerte guiño electoral.
La semana pasada, tres iniciativas de la oposición, incluida la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por su presunta conexión con la estafa cripto conocida como $LIBRA, quedaron relegadas en el Congreso. El Gobierno logró desactivar el golpe y ahora redirige la atención a la seguridad, un terreno en el que se siente más cómodo y que explota como bandera de campaña.
Mientras tanto, temas con amplio consenso, como la ley de Ficha Limpia, son postergados. El proyecto podría aprobarse en el Senado en cuanto La Libertad Avanza habilite una sesión, pero todo indica que la demora es una jugada política para evitar beneficiar a Silvia Lospennato, la diputada del PRO que lo impulsa y que compite con los libertarios en la Ciudad de Buenos Aires.
En ese contexto electoral, el Gobierno nacional desempolva un debate sobre seguridad con intenciones más propagandísticas que transformadoras.
Uno de los ejes es la reforma del régimen penal juvenil. Aunque la propuesta oficial buscaba bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, la presión de otros bloques derivó en un consenso a los 14. El resto del paquete —penas máximas, sanciones alternativas y condiciones en centros de detención— sigue en discusión.
La movida le sirve al oficialismo para recomponer su control legislativo después del papelón institucional en la comisión investigadora del caso $LIBRA. Allí, un empate de votos congeló la definición de la presidencia, algo que el Gobierno celebró como un triunfo para mantener bajo llave un escándalo que amenaza con crecer.
No obstante, la oposición planea retomar la ofensiva en una sesión especial que incluiría también el tratamiento de la emergencia en discapacidad, otro tema que el oficialismo intenta diluir o fragmentar.
Francos, en tanto, se presentó a la interpelación, pero respondió con evasivas durante cinco horas. Lejos de dar claridad sobre su rol y el del Ejecutivo en la estafa, aprovechó el espacio para atacar a gobiernos anteriores y presentarse como adalid de la institucionalidad. El resultado: el oficialismo logró que el caso perdiera impulso mediático, en parte gracias al consumo fugaz de las redes, que rápidamente dejan atrás incluso las comparecencias más tensas si no generan una explosión inmediata.
Pero los errores empiezan a costar. Con los diputados del PRO ausentándose al final de esa sesión, La Libertad Avanza quedó tan debilitada que Martín Menem no tuvo más opción que ceder a una nueva interpelación, esta vez a los ministros Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona, nuevamente por el caso $LIBRA. Será el próximo 14 de mayo, y podría abrir un nuevo capítulo de tensión interna en el oficialismo.
A esto se suman dos reclamos sociales que el Gobierno prefiere ignorar: la creciente presión para aumentar los haberes jubilatorios y ampliar la cobertura previsional, además de actualizar el bono de $70.000; y la exigencia de convocar a la paralizada Comisión de Educación, cuyo titular, Alejandro Finocchiaro (PRO), evita discutir financiamiento para universidades en crisis.
Mientras las provincias piden más fondos y rechazan el ajuste brutal, la pregunta ya no es si Milei puede avanzar con sus leyes, sino si todavía conserva el piso político que lo mantenía a flote. Con el Congreso resquebrajado y la agenda social en llamas, los próximos meses pondrán a prueba si el modelo libertario puede sostenerse sin respuestas concretas ni respaldo real.
