Desde el oficialismo justificaron la medida de no transmitirlo en términos estrictamente financieros. “No se trata de una cuestión política, sino económica. El objetivo es ahorrar siete millones de dólares”, señalaron fuentes cercanas a Milei.
Esta semana trascendió que el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, no compraría los derechos para transmitir el Mundial de Fútbol 2026, donde Argentina defenderá su título de campeón. De confirmarse, sería la primera vez en 52 años que la Copa del Mundo no se emite a través de un canal estatal.
Desde el oficialismo justificaron la medida en términos estrictamente financieros. “No se trata de una cuestión política, sino económica. El objetivo es ahorrar siete millones de dólares”, señalaron fuentes cercanas a Milei.
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No obstante, la repercusión fue inmediata y obligó al portavoz presidencial, Manuel Adorni, a salir a dar explicaciones. “Estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”, sostuvo.
A su vez, denunció que las versiones iniciales respondían a una campaña de desprestigio: “Incluso, los datos que han dado de otros mundiales también han sido falsos y también han sido una fake news y un intento de desprestigiar la gestión de Gobierno”.
Una decisión cuestionada
El argumento económico que esgrime el Gobierno resulta discutible. La transmisión de un evento deportivo y cultural tan arraigado en la identidad argentina trasciende cualquier cálculo monetario.
No podemos dejar de lado la vigencia del artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), que establece el derecho al acceso universal a contenidos de interés relevante, entre ellos los acontecimientos deportivos. Sin embargo, el Gobierno nunca convocó a las audiencias públicas necesarias para definir esos contenidos año a año. En los hechos, la única pantalla que cumple hoy con esa función social es la TV Pública.
La falacia del “ahorro”
Incluso desde una mirada exclusivamente economicista, el supuesto “ahorro” no tiene sustento. Los números del Mundial de Qatar 2022 hablan por sí solos: la TV Pública invirtió unos 11 millones de dólares (8 millones en derechos y 3 millones en producción) y recuperó esa cifra gracias a la venta de publicidad. Según datos publicados por Página/12, la recaudación total fue de 11,5 millones de dólares, lo que permitió cubrir la inversión sin pérdidas para el Estado.
Es decir, la transmisión no representó un gasto, sino un círculo virtuoso que combinó calidad de producción, masividad y sustentabilidad económica. Incluso, los partidos de la Selección transmitidos por la TV Pública superaron en audiencia a los de Telefe y TyC Sports.
Limitar el derecho a disfrutar de este patrimonio cultural en nombre del ajuste no solo vulnera la ley vigente, sino que, al mismo tiempo, desconoce su valor simbólico y social de ver a la Selección representarnos en la máxima cita del fútbol mundial.
