El Decreto 847/2024 permite la regularización de relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas hasta el 31 de julio de 2024. Sin embargo, el personal doméstico no podrá acceder a estos beneficios, pese a ser uno de los grupos más vulnerables de la economía informal.
El blanqueo laboral impulsado por el Gobierno tiene como objetivo formalizar a los trabajadores no registrados en el país, pero dejó fuera a más de un millón de empleadas domésticas.
El Decreto 847/2024 publicado la semana pasada, permite la regularización de relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas hasta el 31 de julio de 2024, entre otras cuestiones. El problema es que no contempla a las empleadas domésticas en su esquema de blanqueo laboral.
Abogados laboralistas y referentes del sector, denuncian que esta exclusión afectará a uno de los grupos más vulnerables de la economía informal.
El apoderado de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), Carlos Brassesco, criticó duramente la decisión del Gobierno. «El decreto incorpora una exclusión que no figura en la ley, dejando fuera de la posibilidad de regularización laboral al sector más afectado por la informalidad», señaló.
Quienes se dedican a este trabajo, son un sector precarizado que había sido reconocido con el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares creado en 2013 con la ley 26.844.
Este régimen permitió formalizar el trabajo de quienes realizan tareas de limpieza, jardinería, cuidado de personas y otro tipo de trabajos domésticos, para que el personal pueda contar con cobertura de obra social, aportes jubilatorios, vacaciones, aguinaldo, reconocimiento por antigüedad y ART.
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Se estima que en nuestro país, cerca de 1,7 millones de personas trabajan en tareas domésticas, pero solo 500.000 están formalmente registradas.
Este grupo representa más del 70% de los trabajadores en negro, de los cuales el 97% son mujeres. A pesar de la Ley 26.844, la falta de inclusión en el blanqueo actual deja a más de un millón de trabajadoras sin la posibilidad de formalización.
Sonia Kopprio, secretaria general del Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de Río Negro y Neuquén, enfatizó que esta exclusión profundiza la precarización laboral de un sector que ya enfrenta múltiples dificultades.
«Nosotras luchamos por un reconocimiento integral de nuestro trabajo. El Gobierno no puede dejarnos fuera de un proceso que debería incluirnos a todas«, afirmó en diálogo con el portal Río Negro.
«Es inconcebible que un decreto que busca la regularización deje fuera a un sector donde más del 70% de las trabajadoras están en negro», concluyó Carlos Brassesco.