La iniciativa reduce impuestos, elimina derechos de exportación y otorga ventajas cambiarias por 30 años a proyectos superiores a los US$ 1.000 millones.
La Cámara de Diputados otorgó este miércoles 24 de junio media sanción al proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como «Súper RIGI», una iniciativa del Gobierno nacional que amplía los beneficios ya contemplados en el RIGI aprobado junto a la Ley Bases en 2024.
La propuesta, que ahora deberá ser debatida en el Senado, crea un esquema especial para inversiones de más de US$ 1.000 millones y otorga mayores ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias que las previstas en el régimen vigente. Según el Ejecutivo, el objetivo es atraer nuevas industrias y proyectos tecnológicos de gran escala. Sin embargo, la iniciativa otorga beneficios a grandes corporaciones, impactando directamente a la recaudación y la competencia con otros sectores productivos.
Más beneficios que el RIGI original
El principal cambio es el monto mínimo de inversión exigido. Mientras el RIGI establece un piso de US$ 200 millones, el Súper RIGI eleva ese requisito a US$ 1.000 millones, reservando el régimen para un grupo aún más reducido de grandes empresas.
A cambio, ofrece un paquete de incentivos más amplio. Entre ellos se encuentra la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, cuando el RIGI vigente fija una tasa del 25% y el régimen general alcanza el 35%.
También reduce la carga sobre la distribución de dividendos, acelera la disponibilidad de divisas obtenidas por exportaciones y elimina desde el inicio los derechos de exportación para los proyectos alcanzados por el régimen.
En materia de importaciones, la iniciativa amplía las exenciones y permite el ingreso libre de impuestos de bienes de capital, insumos, partes y bienes intermedios utilizados en los proyectos.
Otro de los puntos más discutidos es la creación de una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales vinculadas a nuevas contrataciones laborales, un beneficio que no existe en el RIGI original.
A su vez, el proyecto exige que las provincias adheridas limiten el cobro de Ingresos Brutos a un máximo de 0,50%, restringiendo la capacidad tributaria provincial sobre las empresas beneficiadas.
Como ocurre con el régimen aprobado en la Ley Bases, todas estas ventajas quedan garantizadas por un plazo de 30 años.
Un régimen cada vez más concentrado
La media sanción llega cuando el RIGI ya acumula proyectos por miles de millones de dólares, concentrados principalmente en actividades extractivas.
Según datos difundidos por el Ministerio de Economía, actualmente existen 16 proyectos aprobados por cerca de US$ 29.900 millones. Más de la mitad corresponden al sector minero, mientras que el resto se distribuye entre petróleo y gas, energía, siderurgia e infraestructura.
Además, otros 25 proyectos permanecen en evaluación por alrededor de US$ 111.000 millones. La mayor parte de esas iniciativas también se concentra en minería e hidrocarburos.
Lejos de impulsar un desarrollo industrial diversificado, los incentivos terminan favoreciendo principalmente a grandes emprendimientos vinculados a la extracción de recursos naturales y a sectores con fuerte capacidad de exportación.
Schiaretti rechazó el proyecto
Entre las voces que cuestionaron la iniciativa se ubicó el exgobernador de Córdoba y actual diputado nacional Juan Schiaretti, quien afirmó que los seis integrantes del bloque Provincias Unidas no acompañarían el proyecto.
A través de sus redes sociales, Schiaretti afirmó que el Súper RIGI «solo beneficia a grandes corporaciones en detrimento de otras actividades productivas que siguen soportando impuestos injustos».
El dirigente cordobés sostuvo además que el esquema propuesto implica que «las retenciones al campo terminarán subsidiando la baja de impuestos a esas grandes corporaciones que proponen favorecer con el Súper RIGI».
En este marco, planteó que la prioridad debería ser eliminar las retenciones agropecuarias, extender los incentivos al uso de autopartes nacionales en la industria automotriz y aprobar una nueva ley de biocombustibles.
Junto a Schiaretti también se pronunciaron en contra los diputados cordobeses Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo, integrantes del bloque Provincias Unidas, que votó en rechazo de la iniciativa oficial.
