Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y organismos de DD.HH. apuntaron contra las políticas del Gobierno y exigieron juicio y castigo para los genocidas. Además, solicitaron la desclasificación de archivos para saber el paradero de las personas desaparecidas.
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y organismos de DD.HH apuntaron contras las políticas negacionistas del Gobierno nacional en el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
En la marcha demandaron juicio y castigo para los genocidas, así como la desclasificación de archivos para determinar el paradero de los bebés apropiados y las personas desaparecidas.
En el documento oficial del acto apuntaron contra la gestión libertaria de Milei y Villarruel: denunciaron los despidos en el sector público y privado; rechazaron el intento del gobierno de desmantelar el Estado y de privatizar los servicios y bienes comunes; y repudiaron la represión que sufren los jubilados.
Además, se hicieron eco del caso de Pablo Grillo, quien se debate entre la vida y la muerte luego de que un gendarme disparara un tubo de gas lacrimógeno directamente a su cabeza en una marcha en defensa de los jubilados.
Sobre ese punto, solicitaron derogar la legislación represiva: ley antiterrorista, protocolo Bullrich y baja de la edad de imputabilidad; y el decreto habilitante de las Fuerzas Armadas en inteligencia y seguridad interior.
Una critica al contexto económico
En el escenario en Plaza de Mayo recordaron que hace 48 años, Rodolfo Walsh difundía su Carta abierta a las juntas militares en la que denunciaba la miseria planificada, consecuencia del plan económico por entonces implementado.
Recordaron a los que se beneficiaron con la sangre de los y las 30 mil: son los Blaquier, los Noble Herrera, los Pérez Companc, los Rocca, los Macri, la Ford, la Mercedes Benz, los Martínez de Hoz, entre tantos otros.
En esa línea, expresaron: «Hoy, son esos mismos grupos económicos los que se benefician del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, para implementar el mismo modelo económico de miseria y exclusión de la mayoría del Pueblo, con la exorbitante concentración del capital y una maximización de sus ganancias, arrasando con los derechos conquistados por nuestro pueblo».
Y exigieron a los tres poderes del Estado la anulación del decreto 70/23, la Ley bases, las Facultades delegadas en cumplimiento de la Constitución Nacional y decreto habilitante de las fuerzas armadas en inteligencia y seguridad interior.
También se denunció el vaciamiento y desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los sitios de memoria. Una situación que se replica en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, sumado a la precarización del Banco Nacional de Datos Genéticos.
