En situaciones de crisis sociales y económicas, como la que atraviesa nuestro país, los sectores de menores ingresos y en particular las infancias y adolescentes, sufren las consecuencias. En este contexto, es clave luchar por algo tan básico como el derecho a una alimentación adecuada.
En 2024, la emergencia alimentaria fue una problemática que aumentó descomunalmente, debido al ajuste en el Estado y las limitaciones de las normativas vigentes.
Para profundizar el tema, dialogamos con Fundeps y la Mesa por la Emergencia Alimentaria de Córdoba.
¿Argentina tiene normativas que garanticen el derecho a la alimentación? Sí, pero todavía queda mucho por hacer
En 2002 Argentina declaró el estado de emergencia alimentaria – que fue prorrogado de manera ininterrumpida hasta 2025-. Luego, para dar respuesta a esa situación de grave inseguridad alimentaria, se sancionó la ley 25.724 que crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, destinado a cubrir requisitos nutricionales mínimos de grupos en situación de extrema vulnerabilidad como personas mayores, embarazadas, niñeces.
«Se trata de una política muy importante para garantizar el acceso a alimentos, pero presenta graves deficiencias en su puesta en práctica porque al tener un enfoque anclado en la emergencia y el asistencialismo, se limita a satisfacer las necesidades calóricas mínimas sin tener en cuenta la calidad de los alimentos que se ofrecen mediante los programas alimentarios«, dijo María Laura Fons, encargada del área de Salud de Fundeps.
Para la especialista, la calidad de los alimentos es fundamental porque desde 2002 el principal problema en Argentina tiene que ver con la malnutrición producto de la mala alimentación, el consumo excesivo de ultraprocesados y el poco consumo de alimentos frescos, que se traduce en aumento de enfermedades crónicas que aparecen a edades cada vez más tempranas.
Llegó la Ley de Etiquetado Frontal: avances y demandas pendientes
Fons detalló que recién en 2021, la sanción de la ley de Promoción de la Alimentación Saludable vino a darle otra impronta a la política alimentaria, poniendo el foco en la calidad, la necesidad de pensar los alimentos junto con la salud, de valorar las producciones regionales y los alimentos frescos.
Esto se dio en diferentes niveles: en los consumos individuales, en las compras que hace el Estado para los programas alimentarios, en lo que ofrecen los comedores y kioscos escolares a las niñeces y adolescencias, etc.
«A pesar de este avance que significó la Ley de Etiquetado, no se logró en la práctica una mayor integración de ambas legislaciones – es decir, con el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación- y esos avances no lograron impactar de manera directa en los territorios», criticó Laura.
La entrevistada considera que esto se debió a que «los componentes sociales de la ley como la protección de los entornos escolares y la mejora de las compras públicas no llegaron a ser implementados todavía», además, quedaron bajo la responsabilidad de las provincias, que han avanzado poco.
Estas dos normas parecen ir por carriles separados, aunque en realidad ambas son fundamentales para garantizar el “derecho a la alimentación adecuada” que implica tanto el acceso a alimentos sanos, su disponibilidad suficiente, su adecuación cultural y la sustentabilidad de su forma de producción.
María Laura Fons, Fundeps
Para tener en cuenta: A finales de diciembre, el Ministerio de Salud implementó modificaciones en la forma en la que se calculan los excesos nutricionales -calorías, grasas y azúcares- para los sellos octogonales establecidos por la Ley de Etiquetado. Ahora, el etiquetado estará basado solo en los ingredientes que se añaden para la elaboración de un producto y dejará de lado los que ya contenga el alimento, lo que reduce la información al consumidor.
La clave es integrar las normativas vigentes para potenciar el derecho a la alimentación
Laura es concisa: La integración y el fortalecimiento de ambas normativas es el primer paso para mejorar la legislación sobre el derecho a la alimentación.
En segundo lugar, la entrevistada destaca que es importante que las normativas ligadas al acceso y el consumo de alimentos se relacionen con las regulaciones sobre las formas de producción, eso permitirá construir una política alimentaria integral y un sistema alimentario verdaderamente sostenible y soberano.
«Las provincias, e incluso los municipios, deberían asumir su responsabilidad como garantes del derecho a la alimentación adecuada e incorporar los estándares de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para ampliar el alcance de sus políticas alimentarias. De este modo sería posible avanzar hacia el acceso a alimentos de calidad nutricional, mediante un abordaje interdisciplinario y con enfoque de salud y derechos», resaltó Fons.
1 millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar
La emergencia alimentaria fue una problemática que aumentó en 2024, debido al ajuste en el Estado.
En este contexto, en que el 53 % de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y el 18 % en situación de indigencia, cada día, un millón de niñes se van a dormir sin cenar.
Para analizar el panorama actual, desde Fundeps recientemente presentaron el Informe «Emergencia alimentaria en las provincias argentinas» que analiza las normas de Emergencia alimentaria sancionadas en las provincias y su vinculación con la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.
María Laura explicó que ese trabajo reveló que muchas provincias han avanzado con la sanción de normativas provinciales que -con mayor o menor alcance- declaran la Emergencia Alimentaria. Por ejemplo, Chubut, Entre Ríos, San Luis, Santa Cruz y Misiones. Y otras más cuentan con proyectos presentados.
Es decir, las distintas jurisdicciones están ampliando presupuestos para paliar las consecuencias del grave ajuste nacional en los distintos programas de asistencia social.
«Lo que observamos con preocupación es que ninguna de estas normativas hace referencia a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, ni otorga la relevancia que requiere la cuestión de la calidad nutricional de los alimentos que el Estado brinda a los sectores en situación de vulnerabilidad», advirtió.
Si se tomara como referente la normativa que tanto costó conquistar, se podría superar el paradigma de asistencia y de “llenar panzas”, y avanzar a la garantía del derecho humano a una alimentación adecuada y de calidad, afirma la especialista.
En Córdoba, la Mesa por la Emergencia Alimentaria no para de trabajar
Desde la Mesa por la Emergencia Alimentaria han desarrollado un proyecto de ley como instrumento necesario para fortalecer y mejorar la política pública alimentaria y de esta manera garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.
La iniciativa busca que Córdoba declare la emergencia alimentaria, y así dotar de los fondos necesarios a los programas provinciales para la asistencia a comedores y merenderos por un período de tiempo establecido en la normativa.
Además, el proyecto pretende institucionalizar una política pública alimentaria a partir de la creación de un programa de seguridad y soberanía alimentaria provincial.
¿Cómo? Buscando fortalecer la políticas alimentarias a través del mejoramiento en su financiamiento e implementación, garantizando la participación de todos los actores involucrados.
El documento impulsado por la Mesa, resalta la necesidad de la creación de un Registro Provincial de Comedores y Merenderos Comunitarios y la creación de un Fondo específico que dé respuesta a las demandas planteadas.
En diálogo con El Resaltador, Giuliana, del Movimiento Carlos Mugica – parte de la Mesa por la Emergencia Alimentaria-, contó que este proyecto «se elaboró a partir de un diagnóstico realizado por las distintas organizaciones e instituciones de la Mesa, tras la creciente demanda de personas que solicitan la vianda en los espacios sociocomunitarios, y la carencia de alimentos en los mismos».
En esa línea, destacó que el principal objetivo es crear un programa universal en la provincia de córdoba que contemple un presupuesto para dar acompañamiento a los espacios socio comunitarios en materia alimentaria de calidad y nutritiva.
Por su parte, Beatriz Silvera, de La Poderosa – parte de la Mesa por la Emergencia Alimentaria- detalló que dentro del proyecto se busca transparentar los recursos públicos.
«Y que a quienes sostienen el hambre en los barrios les llegué los mismos recursos por igual. Sin ninguna diferenciación política.», agregó.
«Si este proyecto de ley fuese aprobado, traería una enorme transformación en recursos para paliar está horrible situación de hambre», concluyó.
Tanto Fundeps como la Mesa alertan sobre la gravedad de la emergencia alimentaria que atraviesa nuestro país. En tiempos de ajuste, se pone en juego un plato de comida.
