La denuncia, que también incluye al ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, a la presidente de la Legislatura, Myriam Prunotto, y demás legisladores, fue presentada en la Justicia provincial por referentes sociales y ambientales que argumentan que podría «agravar la delicada situación ambiental de la provincia”.
La Fundación para la defensa del ambiente (Funam) informó que un grupo de organizaciones, referentes en ambiente e investigadores de la universidad presentaron una denuncia penal en la Justicia provincial de Córdoba contra el gobernador Martín Llaryora “por haber promovido y aprobado la ley 10.997 de adhesión al RIGI nacional”.
Esta denuncia, que también recae sobre el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, la presidente de la Legislatura, Myriam Prunotto, y demás legisladores, fue presentada por el biólogo Dr. Raúl Montenegro, en conjunto con el Abogado Juan Carlos Smith.
Montenegro expuso: “La ley del RIGI provincial promueve grandes inversiones que podrían agravar la delicada situación ambiental de la provincia”.
La denuncia recayó en la Fiscalía en lo Penal y Económico de Segunda Nominación a cargo del Fiscal Franco Mondino.
Asimismo, Montenegro indicó que Córdoba no solo se adhirió a una ley controvertida que beneficia a las grandes corporaciones; sino también que “violó normas vigentes y le otorgó facultades discrecionales al gobernador de Córdoba”.
En cuanto al RIGI cordobés, agregó que “la amenaza se relaciona con los grandes agronegocios y la explotación turística”. Además de que el RIGI “actuaría sobre un territorio ambientalmente destrozado, con sus cuencas hídricas en terapia intensiva”.
Detalles de la denuncia presentada
Por su parte, el abogado Juan Smith, detalló las violaciones a normativas vigentes implícitas en la aprobación del RIGI local. “En nuestra presentación incluimos un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la Ley 27.742 que crea el RIGI nacional, y de la ley 10.997 de aprobación del RIGI provincial”.
Por un lado, detalló que el tratamiento exprés del proyecto del RIGI enviado por Llaryora el día anterior requería, de acuerdo al Reglamento de la Legislatura, la aprobación de las 2/3 partes de los legisladores habilitados para votar en la sesión respectiva.
“Entendemos que esa mayoría no se dio, por lo que una decisión posterior asentada o tomada con ese déficit sería ilegal y arbitraria”, expresó Smith al recordar que la normativa obtuvo 32 apoyos.
También, la Constitución de la provincia exige para ciertas normativas el tratamiento en Doble Lectura y, en algunos casos, con Audiencia Pública (ley 9003) entre la Primera Lectura y la Segunda Lectura; algo que, según la parte denunciante, nunca ocurrió.
Respecto a esto, Raúl Montenegro agregó que la aprobación del RIGI local promovido por Llaryora y el gobierno provincial violó dos convenios internacionales; “ignoraron deliberadamente dos instrumentos cuya importancia y vigencia son públicas”.
“Por una parte, el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. No podían aprobar esta ley sin la previa consulta, fehaciente, de las comunidades indígenas que tienen, en Córdoba, personería jurídica reconocida por la Nación”, sostuvo.
Como así también, reconoce que transgredieron el acuerdo de Escazú: “Peor aún, violaron el Acuerdo de Escazú, que ni siquiera fue mencionado durante las deliberaciones. Escazú establece principios básicos ineludibles, y también la obligatoriedad de consultas previas”.
“Estas leyes tienen una jerarquía jurídica por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes del país”, agregó el biólogo.
Asimismo, indicó que la vulnerabilidad de la provincia “deriva no solamente de un Ministerio de Ambiente y Economía Circular incapaz de enfrentar las crisis actuales, sino de situaciones ambientales particularmente críticas”.
Entre ellas, ser una de las únicas cinco provincias que permite el ingreso de residuos peligrosos procedentes de cualquier zona del país, o tener apenas un 4% de la superficie original que ocupaban los bosques nativos.
Por último, Smith agregó que, “el país ambientalmente dividido y de jurisdicciones independientes, con un Consejo Federal del Ambiente incapaz de afrontar estas nuevas escalas y amenazas, solo beneficiará a las grandes corporaciones”.
Se pronunció el área académica
A modo de sustento, desde el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo, listaron sobre algunos de los problemas más severos:
Cabeceras de cuenca muy alteradas, lagos en avanzado estado de eutroficación, sectores del agronegocio tratando de reducir las zonas rojas de la ley de bosques nativos, multiplicación de canteras secas, grandes basurales a cielo abierto, colectoras cloacales construidas junto al cauce de ríos, incineradores de residuos peligrosos, turismo cinegético con cazadores extranjeros que no son controlados, incendios que se reiteran cada año, uso descontrolado de plaguicidas, y la lista sigue.
“El posible ingreso de grandes inversiones con alto impacto ambiental significaría el golpe de gracia para los ecosistemas naturales en crisis”, concluyeron.
