El gremio de judiciales AGEPJ denunció a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia por interferir con el derecho a huelga y negociación colectiva.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) realizó una denuncia contra las autoridades del TSJ por impedir el derecho a huelga y a negociación colectiva, en el marco del reclamo salarial y de modificaciones en el escalafón.
AGEPJ llevó a cabo una movilización hasta el ingreso de Tribunales I, como medida dentro de un paro por 48 horas, para los días 5 y 6 de mayo. En ese contexto, la Administración General del Poder Judicial tomó medidas como vallar el Tribunal y realizar descuentos salariales a quienes se sumen al paro.
Las medidas acordadas por el TSJ, anunciadas a través de un memo, generaron fuertes críticas desde el gremio por considerarlas “ilegítimas por ser dispuestas de forma unilateral violando la exigencia de negociación colectiva”.
Aparentemente estas medidas coercitivas y unilaterales ya habrían sido utilizadas previamente, según Federico Corteletti, secretario general de AGEPJ.
El gremio realizó una denuncia contra las autoridades del TSJ por este hecho, y dispuso medidas para impedir los descuentos salariales a través de un recurso de reconsideración.
AGEPJ puso este recurso a disposición de todo el personal judicial que “haya sufrido descuentos por medidas de fuerza en sus haberes de abril”. Fue elaborado por los asesores legales del sindicato. «No requiere patrocinio letrado por lo que debe presentarse en forma individual por la o el trabajador judicial”, agregó el gremio.
Qué dijo AGEPJ sobre las medidas del TSJ
“No pueden cercenar de forma unilateral derechos constitucionales como lo son el derecho a huelga en todas sus expresiones (paros, abandono de tareas y asambleas)”, se expreso AGEPJ en un comunicado.
Corteletti consideró que «el Estado debe dar garantías a toda la ciudadanía. Somos nosotros los que llevamos adelante las causas de los ciudadanos que traen a los edificios del Poder Judicial. La única solución a nuestros conflictos es diálogo, responsabilidad, democracia y sentarse a ver cuáles son los caminos de soluciones y no las amenazas de sanciones para los trabajadores».
«La pérdida del poder adquisitivo es enorme y queremos la recuperación que ellos hicieron hace años, que es la equiparación salarial con los federales«, recordó el gremialista.
Sobre el memo, AGEPJ advierte que “todas las acordadas sintetizadas en dicho Memo han sido establecidas de forma unilateral por el Poder Judicial en su faz administrativa y, por lo general, como respuesta ante conflictos sindicales sin la existencia de mesas de negociación colectiva ni instancias de discusión paritarias olvidando que en todo conflicto laboral las partes involucradas son dos”.
“El derecho a la negociación colectiva es un derecho fundamental del mundo del trabajo, consagrado en la constitución y en leyes nacionales, ya que garantiza ámbitos formales de discusión, diálogo y consensos necesarios ante las tensiones que puedan surgir en el marco laboral, ante reclamos de la entidad gremial y respuestas del empleador”, remarcó el gremio.
La denuncia a las autoridades del TSJ también se apoya en que lo establecido en el memo va contra la ley 8.329/94, que ordena el sistema de negociación colectiva y de convenios colectivos para el sector público provincial indicando que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo y que existirá un Comité de conciliación para promover la solución pacífica de los conflictos de interés que se susciten entre las partes.
La CGT y el Colegio de Abogados de Córdoba también se expresaron
Finalmente, la CGT Córdoba repudió las “medidas anunciadas por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, atentando gravemente contra la libertad sindical de trabajadoras y trabajadores judiciales”.
“El día 30 de abril, violenta paradoja previa al Día Internacional de las y los Trabajadores, el Poder Judicial de Córdoba elimina los principios que protegen las acciones en defensa de los derechos sindicales”, expresó la CGT en su comunicado.
“Este ataque a las garantías constitucionales, no solo va dirigido hacia las y los judiciales: implica un atentado contra las libertades sindicales de todas y todos los trabajadores de Córdoba que deban recurrir a la Justicia provincial para que se garanticen sus derechos”, concluyó.
El Colegio de Abogados de Córdoba emitió un comunicado en el que consideró que la resolución de este conflicto salarial solo puede obtenerse “sobre la base del consenso y el diálogo de todas las partes involucradas”.
“Respetuosamente, exhortamos a las partes en conflicto para que profundicen sus esfuerzos para alcanzar una solución pronta y sostenible, que contemple los derechos e intereses de las partes en conflicto, los de la ciudadanía y de la abogacía en su conjunto, sin comprometer el sistema de administración de Justicia”, expresaron los letrados.
Asimismo, informaron que mantuvieron diversas reuniones tanto con autoridades del Poder Judicial como de AGEPJ.
