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Demagogia punitiva: el proyecto de bajar la edad de imputabilidad a 13 años

En No Estamos Solos, el programa de streaming de El Resaltador, conversamos Sergio Job, abogado penalista y profesor de Sociología Política, sobre el proyecto del Gobierno nacional enviado al Congreso. Señaló que "atrás de eso hay un gran negocio político porque el miedo es una gran herramienta para movilizar pasiones, votos y opiniones". El Gobierno […]

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En No Estamos Solos, el programa de streaming de El Resaltador, conversamos Sergio Job, abogado penalista y profesor de Sociología Política, sobre el proyecto del Gobierno nacional enviado al Congreso. Señaló que "atrás de eso hay un gran negocio político porque el miedo es una gran herramienta para movilizar pasiones, votos y opiniones".

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.

"Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos; las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas" indican en el comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad y el de Justicia.

"Las consecuencias de años de zaffaronismo, sumadas al desastre educativo y la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados" agregan.

Al respecto, conversamos con Sergio Job, abogado penalista, profesor de Sociología Política y especialista en temas de seguridad en No Estamos Solos, el programa de El Resaltador en Mostri TV.

"No es nuevo, es un comodín que suelen presentar los gobiernos cuando no tienen respuestas en términos de seguridad e inseguridad. Entonces recurren a lo que nosotros denominamos demagogia punitiva que es esta idea de tomar medidas o decir que van a tomar medidas que a un sector de la población, sobre todo sectores que electoralmente apoyan a este gobierno, cae bien creyendo que eso va a tener algún tipo de impacto en términos de seguridad e inseguridad" indicó.

Señala que este tipo de proyectos, que ya se han debatido anteriormente, buscan generar un impacto en los números de seguridad e inseguridad objetiva y subjetiva. La baja de la edad de imputabilidad "no estaría cumpliendo el efecto. Para que tengan una idea, en Córdoba, el porcentaje de homicidios cometidos por niños o adolescentes menores de 16 años es solamente del 2%. O sea que estamos hablando de una medida absolutamente insignificante en términos de impacto en sentirnos más seguros respecto de nuestra vida". 

A su vez, Job apuntó que la demagogia punitiva no es propiedad exclusiva de La Libertad Avanza, sino que atraviesa a los espacios políticos con personajes que construyen un discurso acerca de la seguridad.

"Es lamentable el nivel de discusión que tiene la política respecto al tema. El hijo del vecino del kiosco te habla igual que un gobernador o ministro de Seguridad, lo cual es terrible porque uno entiende que atrás de eso hay un gran negocio político que es el miedo, una gran herramienta para movilizar pasiones, votos, opiniones y demás" continuó.

"Hay un gran negocio económico, sea en términos corporativos, de la policía y demás de compra de herramientas para la policía, construcción de cárceles, de sistemas de seguridad, etc. También del sector privado porque cuanto más inseguro se siente cada vecino, más contrata seguridad para el barrio, cámaras para su casa, rejas, etc. Entonces hay todo un mundo atrás que está sumamente interesado en que nos sintamos inseguros, más allá que las estadísticas digan otra cosa", sumó.

Volviendo al proyecto de bajar la edad de imputabilidad, explicó que "claramente no se están buscando salidas de fondo y por algo llevamos 20 años donde se vienen tomando medidas basadas en la demagogia punitiva abordando de manera muy simple algo muy complejo como es el fenómeno delictual de la seguridad. Entonces claramente las recetas que hay a disposición mediáticamente son todas bastante berretas, mediocres, y poco creativas, y cada vez nos llevan a niveles de sensaciones de inseguridad cada vez más altas. Evidentemente, el camino no es por ahí".

Ilegal

La baja de la edad de imputabilidad requiere una visión constitucional para implementarse. Uno de los argumentos que se expresa desde el Gobierno nacional es que hay que adecuar la legislación nacional a las normativas regionales que tienen una edad de imputabilidad más baja.

Aun así, Sergio Job considera que este tipo de proyectos son ilegales. "En términos jurídicos es ilegal lo que están proponiendo. Porque nosotros por medio del artículo 75 inc 22 de la Constitución incorporamos a los tratados internacionales con jerarquía superior a las leyes nacionales y allí está incluida la Convención sobre los Derechos del Niño. Además de que tenemos una ley para niños, niñas y adolescentes que es la 26.061 y hay un principio internacional del derecho que es la progresividad del derecho. Como Estado, no se pueden tomar medidas que retrocedan en términos de derechos, respecto de los umbrales que hemos adquirido en las distintas áreas".

En este sentido, aclaró que, pese a que los países latinoamericanos tienen una edad de imputabilidad más baja, son esos países los que tienen que seguir el ejemplo argentino, y no al revés porque significaría una pérdida de derechos para las niñeces y adolescencias.

Además, recalcó el impacto social en la población que puede llegar a tener la baja de la edad de imputabilidad. "Si a un pibe a los 13 lo detenés bajo las mismas condiciones y régimen que un mayor y lo encerrás en la cárcel por 6 años por un robo, sale a los 19: ¿qué tenés de ese pibe a los 19? Porque seamos francos, todos sabemos que las cárceles no son espacios de resocialización. Todo lo que plantea, de alguna manera, nuestra estructura punitiva es simplemente un lugar de castigo, un lugar en el cual tiene que ir la gente para purgar el daño que ha cometido a otro, sufriendo sobre su cuerpo y sobre su libertad", explicó.

También mensuró el impacto a futuro: "Estamos generando una bomba de tiempo de acá a 10 años. Vamos a tener mucha más violencia social, muchas más relaciones irrecuperables, del vínculo sociedad-individuo, de laburo, etc. Estamos hablando de niños de 13 años, cualquiera de nosotros que tenga que pensar en un hijo, primo, sobrino, ante un hecho va a pensar mil alternativas antes de encerrarlo, y el sistema penal también lo piensa así cuando señala que la cárcel es el último recurso cuando no queda otra posibilidad, pero especialmente lo afirma y lo sostiene para las niñeces y adolescencias".  

"Si vos a un pibe a los trece lo metés preso bajo un régimen de adulto, cuando salga del hecho que cometió vas a tener un problema multiplicado".

Sergio Job, abogado penalista, profesor de Sociología Política.

Economía y pobreza

El abogado entrevistado recordó nuevamente que, en Córdoba, el porcentaje de participación de los menores de los niños, niñas y adolescentes en delitos como el homicidio es del 2%. Es decir, que bajar la edad de imputabilidad no tiene casi impacto en el bien jurídico más importante que protege el Código Penal y nuestro sistema de valores que es la vida.

Ahora bien, si pasamos a delitos menores, "los niños, niñas y adolescentes, respecto de la propiedad privada, de la pequeña propiedad privada (celulares, carteras, billeteras), no son grandes evasores, ni carteles de narcotráfico. Estamos hablando de que pueden cometer algún delito menor en el caso de que lo cometiesen".

Para proteger a los niños, niñas y adolescentes hay que mejorar las condiciones en que viven, recordando que en Argentina, la pobreza infantil está por arriba del 70%.

"No es que hay una relación entre pobreza y delincuencia, pero lo presentan como si hubiera una relación. Pero en el sistema existe lo que llamamos selectividad penal, no se persigue a todos por igual. Si se persiguiera a evasores de impuestos o carteles de narcotráfico, te aseguro que las redadas serían en countries y no en villas. Se hace esta asociación porque los pibes que van presos, son pobres, no son de clase media o clase alta".

Job también aseguró que el sistema penal para infancias y niñeces, contrario a lo instalado mediáticamente, es un sistema que es incluso peor que el régimen para adultos porque una vez que atrapa, "genera su propia clientela, y es muy difícil que esos niños y niñas salgan".

Por ejemplo, mencionó que los jueces, si llegan a determinar que un menor no cometió el delito por el que se lo acusa, muchas veces queda detenido "para protegerlo de las condiciones en que vive en su casa".

"Yo si creo que hay que hacer modificaciones en cómo se abordan las cuestiones de niñeces y de adolescencias, pero no en el camino que quiere tomar el gobierno, sino en generar mecanismos que tengan una voluntad de modificación de las condiciones en las cuales suceden esas situaciones" explica el abogado.

Por último, recalcó que el problema principal es el funcionamiento del sistema penal y no la edad de imputabilidad vigente.

"Hay un problema que parece que los sistemas penales funcionan por revancha y no, por castigo y justicia. Por un lado, el que sale a robar o lo que sea, tiene la posibilidad de no caer detenido cuando comete un hecho. La idea entre los delincuentes, cuando los meten presos, es que perdieron como si fuera una lotería. Y el problema es la falta de eficacia. Si nosotros tuviéramos una policía que investigue y que ante cada hecho pueda tener una justicia que juzgue, que encuentre culpables y que efectivamente cumplan la pena, esos es muchísimo más efectivo que subir las penas, que bajar la imputabilidad y poner cámaras. Todas esas cosas, no tienen eficacia". 

Ramiro Quintanilla

Dedicado a la redacción por la tarde en la cooperativa. Comunicador. Me interesa lo político, el ambiente, los pueblos originarios, la salud mental, la cultura y creo que antes de decir hay que aprender a preguntar, o no?
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