Legisladores del Frente Cívico presentaron un proyecto en la Legislatura que propone declarar, por el término de un año, la emergencia en el sistema judicial.
En un intento por dar respuesta a una situación que describen como crítica, legisladores del Frente Cívico presentaron este jueves 22 de mayo un proyecto de ley en la Legislatura provincial que propone declarar, por el término de un año, la “emergencia funcional, operativa y salarial” del Poder Judicial de Córdoba.
La iniciativa contempla la posibilidad de prorrogar el estado de emergencia mediante un informe justificado ante el cuerpo legislativo.
El proyecto busca habilitar al Poder Ejecutivo a adoptar medidas urgentes en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y en consulta con los gremios del sector y colegios profesionales. El objetivo: sostener el servicio judicial, recomponer de manera progresiva los salarios del personal, mejorar las condiciones laborales y edilicias, y avanzar en la transparencia de la gestión judicial.
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Según argumentaron los autores de la iniciativa, la situación que atraviesan los trabajadores del Poder Judicial es “dramática”. Denuncian que hay sueldos por debajo de la línea de pobreza, incluso en cargos que exigen título universitario y varios años de antigüedad. Un ejemplo citado en el texto: un trabajador ingresante percibe un salario neto de 850 mil pesos, mientras que un agente con cinco años en el cargo apenas supera el 1.100.000, montos que, según el proyecto, resultan insuficientes frente al costo de vida actual.
El panorama que describe la iniciativa es desolador: oficinas desbordadas, sin aumento de personal en más de una década pese al crecimiento sostenido en la cantidad de causas, falta de instancias de capacitación estatal, edificios en mal estado y un ritmo de renuncias que promedia un agente por día durante el último año.
En este marco, el proyecto también prevé suspender cualquier tipo de restricción al derecho a huelga y protesta durante el periodo de emergencia, y propone la conformación de una Mesa de Diálogo Institucional integrada por el TSJ, el Ejecutivo, la Legislatura y los gremios judiciales.
“La Justicia está profundamente resentida como servicio esencial”, advierten los legisladores del Frente Cívico, que responsabilizan al Gobierno provincial y al TSJ por una “crisis estructural”. Acusan al oficialismo de aplicar “microcirugías estéticas” en lugar de políticas de fondo que atiendan el deterioro del sistema.
La propuesta surge en un contexto de creciente malestar dentro del Poder Judicial cordobés, con asambleas, protestas y paros protagonizados tanto por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) como por trabajadores autoconvocados. Según estimaciones sindicales, el salario de los empleados judiciales perdió un 40% de su poder adquisitivo en el último año.
“La ausencia de brújula ha quedado al desnudo”, concluye el documento que busca evitar lo que muchos dentro del sistema ya temen: el colapso total del servicio de Justicia en Córdoba.
