La organización indicó que no hay «ningún progreso digno de mención» en la investigación, a un año y medio del asesinato de la concejal de Río de Janeiro y su chofer.
Un año y medio después de que la concejal de Río de Janeiro Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes fuesen asesinados en una favela de esa ciudad, las autoridades no han realizado «ningún progreso digno de mención» en la investigación, denunció hoy Amnistía Internacional (AI).
La ONG envió sendas cartas al gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, y al fiscal general, José Eduardo Gussem, para que redoblen esfuerzos y resuelvan las preguntas que siguen pendientes como, por ejemplo, «las conclusiones de las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Federal, el camino que siguió el automóvil que se utilizó en el crimen y, en particular, ¿quién mandó matar a Marielle, y por qué?«.
La directora ejecutiva de Amnistía en Brasil, Jurema Werneck, recordó que el 13 de marzo, durante una reunión, el gobernador prometió «invertir energía y recursos para resolver los asesinatos de Marielle Franco y Anderson Gomes«.
«El fiscal general del Estado contrajo el mismo compromiso, pero no parece que se haya hecho mucho desde entonces», lamentó, en un comunicado citado por la agencia de noticias Europa Press.
Werneck advirtió que esta falta de avances «pone en entredicho el compromiso adquirido por las autoridades de actuar con rapidez» y subrayó que Amnistía Internacional «no descansará hasta que se sepa la verdad y todos los responsables del doble asesinato rindan cuentas ante la Justicia«.
También reclamó «protección y apoyo psicológico para las familias de Marielle y Anderson».
«No debemos olvidar nunca que Brasil sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores y defensoras de los derechos humanos«, añadió Werneck, quien instó a hacer de este caso un símbolo de la lucha contra la impunidad en el país sudamericano.
«El Estado podría demostrar que no tolerará ningún ataque contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Las autoridades deben enviar un mensaje claro de que garantizarán la protección de todas las personas que luchan por aquello en lo que creen: la garantía de los derechos humanos para todas y todos», concluyó.
