La información parte de un estudio llevado a cabo por la UNC, UCC y el Conicet. Casi la mitad de los casos fueron por gatillo fácil, como el de Blas Correas. Los datos arrojados parten del periodo 1983-2019.
Desde la vuelta a la democracia en Argentina y hasta el año pasado, Córdoba registró 463 muertes en manos de la policía. Este dato parte de un informe realizado por la UNC, la UCC y el Conicet. Del total, casi la mitad corresponden a casos de gatillo fácil, como el de Blas Correas la semana pasada. Con esta información, se pudo corroborar que la muerte del joven Blas Correas no es un hecho aislado en nuestra provincia.
El estudio se titula “La Foto Revelada: Informe sobre la situación social, conflictividad y medidas gubernamentales en la Córdoba de la pandemia”. El mismo fue publicado este mes por el Equipo de Investigación El llano en llamas y su homónima, la Fundación El Llano – Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (Cepsal).
El capítulo 4 del escrito hace referencia a “la situación de la violencia en Córdoba”. En su desarrollo, hace hincapié en que “es histórica la denuncia del accionar represivo, arbitrario y discrecional de los agentes de las fuerzas de seguridad”. Dentro de informe, se citan cifras de Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional).
De esta manera, las 463 personas que fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad entre 1983 y 2019 son un dato tomado de Correpi e incorporado en el informe antes mencionado. Más aún, el 78% de esos casos fueron durante las gestiones de Unión por Córdoba (hoy conocida como Hacemos por Córdoba). Además, el 35% de las muertes fueron en un contexto de encierro.
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Datos que evidencian el accionar policial en Córdoba
Al comenzar el aislamiento social preventivo y obligatorio, el Programa de Extensión “Seguridad y Derechos Humanos” de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC elaboró un informe. En él, se llevó a cabo un relevamiento sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en la provincia de Córdoba, en el marco de las detenciones y controles establecidos para garantizar el cumplimiento del aislamiento social.
En ese informe, se dividieron los hechos en dos grupos: por un lado, prácticas de hostigamiento policial que devienen en “malos tratos físicos y/o verbales y vulneración de derechos humanos que profundizan el contexto de exclusión y precariedad” de los jóvenes de sectores populares.
Por el otro, incluyen a las situaciones en donde la “arbitrariedad tiene una habilitación legal” (como lo es la restricción de circulación por ejemplo) pero las interacciones con agentes de seguridad devienen en “prácticas violentas y verdugueos”. Así, la policía en cierta forma «decide quién circula y quién no».
En el mismo informe, se explica que estos hechos represivos no son novedad, sino que profundizan y continúan con un modelo represivo ya vigente. Se trata de hechos producidos sistemáticamente, que constituyen un accionar institucionalizado dentro de las fuerzas. Así, se conoció que los tres niveles del Estado delegaron en la Policía el control del cumplimiento del aislamiento, con pocas y confusas directivas sobre cómo llevar adelante dicho control.
Fuente: Hoy Día Córdoba
