El proyecto obtuvo la luz verde con los votos de Hacemos Unidos por Córdoba y el acompañamiento del libertario Agustín Spaccesi, la legisladora Karina Bruno proveniente del PRO y la radical Graciela Bisotto.
Este lunes 14 de abril, la Legislatura de Córdoba sancionó una ley que adhiere a la emergencia penitenciaria nacional durante tres años. El proyecto obtuvo la luz verde con los votos de Hacemos Unidos por Córdoba y el acompañamiento del libertario Agustín Spaccesi, la legisladora Karina Bruno proveniente del PRO y la radical Graciela Bisotto.
En la actualidad, el sistema penitenciario de la provincia de Córdoba alberga más de 16 mil presos y la población carcelaria viene en crecimiento. De hecho, se espera que este año ese número aumente 28%. La declaración de emergencia fue dispuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el 17 de abril de 2024.
El proyecto contempla «la situación actual del sistema penitenciario» en la provincia y «la necesidad de adoptar medidas urgentes, coordinadas y sostenidas para garantizar condiciones dignas de detención y resguardar la seguridad pública».
La legisladora Nadia Fernández (Hacemos Unidos por Córdoba) explicó: «La declaración de emergencia no otorga facultades extraordinarias ni discrecionales al Ejecutivo provincial; por el contrario, establece una autoridad de aplicación que es el Ministerio de Justicia y Trabajo, con acciones acotadas a la gestión de infraestructura y a las condiciones de detención y coordinación interjurisdiccional. La participación se circunscribe a las acciones necesarias para mitigar la crisis penitenciaria dentro del marco legal vigente».
También, se aprobó una resolución para que los senadores y diputados por Córdoba promuevan en el Congreso la construcción de un establecimiento carcelario federal en la provincia.
¿Qué propone Bullrich?
Con la iniciativa de emergencia penitenciaria, la ministra Bullrich promueve, entre otras cuestiones, la construcción rápida de cárceles (incluso con estructuras modulares o en terrenos alejados), el endurecimiento del régimen penitenciario y la coordinación más fuerte con fuerzas federales.
Esta medida puede profundizar la sobrepoblación y el hacinamiento, porque aumenta la cantidad de plazas carcelarias y, en simultáneo, endurece el encarcelamiento sin resolver el problema de fondo, con un claro eje punitivista.
Al mismo tiempo, organizaciones como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) advierten que este tipo de medidas pueden violar estándares internacionales de derechos humanos, especialmente si se construyen cárceles de forma acelerada o se debilita el control judicial.
En el caso local, la emergencia penitenciaria en Córdoba podría devenir en más presos con menores garantías y más presencial policial. Todo esto, en un contexto donde el sistema ya está tensionado desde hace años, pisando un límite.
