Condenaron al Estado de Salta por no proteger a una víctima de femicidio

La Justicia le ordenó a la Provincia de Salta pagar una indemnización de 2.600.000 pesos por no haber evitado el crimen.

Por primera vez, la Justicia condenó a un Estado provincial por no proteger a una mujer que fue víctima de femicidio. Se trata de la artesana salteña Claudia Alejandra Sierralta Carrizo, que fue asesinada en 2014 por el expolicía José Adrián Chilo.

Su femicidio fue una muerte anunciada. Así lo interpretó la Sala Tercera del Tribunal de Impugnación de la provincia. Los jueces confirmaron la condena a cadena perpetua para el femicida y ratificaron que el Estado provincial tendrá que pagarle a la familia de la víctima 2.600.000 pesos en concepto de los daños causados por el crimen de la mujer.

Antes de cometer el crimen, el femicida había advertido lo que iba a hacer a los médicos de la Policía salteña. El hombre manifestó que tenía problemas con su consumo de drogas, que estaba alterado mentalmente y pidió que le quitaran su pistola.

Nadie hizo nada. Dos meses después llamó a su hija de cinco años y repitió la advertencia. Ese mismo día mató a Carrizo e incluso disparó contra algunas personas que intentaron detenerlo en la calle cuando quiso escapar del lugar. La policía lo detuvo, llegó a juicio y lo condenaron.

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Seis años después del hecho, se confirmó que Chilo seguirá preso. Pero lo inédito del caso es que la Provincia deberá pagarle a la familia de la víctima una indemnización por no haber hecho nada para evitar el crimen.

“La Provincia de Salta, a través de las autoridades policiales tuvo pleno conocimiento de la situación de violencia familiar existente entre el hoy condenado y la víctima Sierralta. Tuvieron también conocimiento del estado de inestabilidad emocional de Chilo. Tenían la certeza de que Chilo tenía bajo su custodia, a su alcance y plena disponibilidad un arma”, afirmaron los jueces, y en ese sentido resaltaron: "Conocida una situación concreta de riesgo directo el deber de retiro del arma era expedito, inminente, urgente.

Para el tribunal, éste fue un caso de violencia extrema “claramente previsible para el Estado”, que tuvo conocimiento expreso de la situación de la que era víctima Sierralta y que Chilo portaba un arma, provista por el mismo Estado, “y no hizo nada efectivo para evitarlo”.