Hablamos con la jueza a cargo del caso, Mariana Wallace, quien condenó al profesor ordenándole a hacer actividades psico-socio-educativas en el Centro Integral de Varones, y también al colegio que debió realizar acciones reparadoras para la denunciante.
Un colegio fue condenado por ejercer violencia simbólica contra una alumna a la cual le desatendieron una denuncia por violencia de género. El falló lo emitió el Juzado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4ª nominación de la ciudad de Córdoba.
En la denuncia, la estudiante contó que cursaba el 5° año del secundario cuando un integrante del cuerpo docente le tocó un pecho durante una clase. Ante esta situación, ella elevó el reclamo junto a su familia hacia las autoridades del colegio, pero estas nunca pusieron en marcha acciones concretas para apartar al agresor, ni tampoco iniciaron una investigación.
Fue por esta razón que la adolescente decidió llevar la acusación hacia el Poder Judicial, y no solo demandó al profesor sino también a la institución.
Al caso lo tomó la jueza Mariana Wallace, quien, en un fallo ejemplar, ordenó que el victimario asista obligatoriamente a actividades psico-socio-educativas en el Centro Integral de Varones y remitió el expediente a la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del 2° Turno. Además, condenó a la escuela por ejercer violencia simbólica y le ordenó a que desarrolle un protocolo de intervención, e instale una placa con un texto de la joven denunciante que recuerde lo sucedido.
“Con extraordinaria determinación y temple, ‘L’ (la víctima) soportó estoica los embates que las directivas le dirigieron para disciplinarla. Pese a los esfuerzos institucionales, no pudieron doblegarla y, por esta noble adolescente, otras adolescentes van a poder transitar sus estudios secundarios sabiendo que ningún profesor puede tomarles del busto y ninguna persona del cuadro directivo puede omitir adoptar todas las medidas para preservarla de semejante atropello”, indicó la jueza en su fallo.
La joven, advirtió la jueza Wallace, fue revictimizada. Las autoridades escolares no sólo la obligaron a contar repetidamente lo que había ocurrido, sino que también le exigieron que pidiera disculpas a su agresor y, luego, debió seguir compartiendo espacios con él.
En diálogo con EL RESALTADOR, Wallace remarcó que hay dos factores importantes que trascienden del caso. «En primer lugar, hacer absoluto hincapié en que las instituciones públicas o privadas, confesionales o laicas, tienen la obligación de denunciar los episodios que tengan conocimiento y que involucren violencia de género. No es opción, es una obligación que no puede ser satisfecha como le parezca al directivo, sino que debe formular la denuncia por violencia de género ya sea en la unidad judicial o en la mesa de entrada del poder judicial. Tiene que ser en los lugares idóneos para que los dispositivos del Estado puedan articularse» explicó.
Por otro lado, destacó como «esperanzador» el hecho de que se utilicen los canales institucionales para hacer restaurar los derechos. «Esto no quedó en una queja en el grupo de padres, lo que ella hizo es acudir al lugar adecuado, y recibió una respuesta, preservando sus derechos«, señaló, e indicó que es «muy importante este proceso de empoderamiento de niños, niñas y adolescentes» que, ante la falta de respuestas de la institución, acuden al Poder Judicial y reciben una respuesta exitosa, en la cual «se le han respetado todos los protocolos más exigentes a nivel internacional».
Sobre la institución educativa, la jueza dijo en el fallo que sus acciones configuraron «el ejemplo de todo lo que no se debe haber en materia de violencia de género, ya que retardaron, obstaculizaron o impidieron el ejercicio de los derechos por parte de L»
