El intendente envió al Concejo una iniciativa que busca declarar la emergencia social, administrativa y financiera en el término de un año. La iniciativa se trataría este viernes.
El intendente Martín Llaryora envió al Concejo Deliberante un paquete de proyectos de ordenanza dentro de los cuales busca declarar la emergencia economica, administrativa, financiera y social de la Municipalidad de Córdoba.
Paralelamente, modifica el proyecto de Ordenanza Tarifaria Anual con media sanción en el cuerpo deliberativo, para avanzar con subas progresiva de tasas en función de la capacidad patrimonial de los contribuyentes. En el caso del Inmobiliario, los aumentos llegarán hasta 53 por ciento.
También, modifica el Código Tributario para crear un organismo para resolver problemas específicos que plantee un contribuyente. Por último, habilita la subasta electrónica como parte de los cambios a la Ordenanza de Compras y Contrataciones.
La iniciativa será tratada este viernes en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante.
Claves para entender el proyecto
Sobre la emergencia económica. La declaratoria de emergencia será por un año, prorrogable por uno más, e incluirá a todos los ámbitos del municipio (Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y al Ejecutivo Municipal y órganos dependientes)
El artículo 3, dispone el “reordenamiento, reestructuración, diferimiento y renegociación de los compromisos y obligaciones dinerarias contraidas al dia 10 de diciembre de 2019.”
El objetivo principal de la Municipalidad es «reducir costos y gastos públicos» y, a su vez, aumentar los ingresos. Para esto se convocará a todos los ámbitos del Gobierno municipal para la elaboración de proyectos de innovación y establecimiento de acciones participativas y colaborativas, junto a organizaciones y entidades de la sociedad civil
Al mismo tiempo podrá “disponer la desafectación de bienes muebles, muebles registrables, vehículos e inmuebles que no esten destinados a funciones esenciales, y que puedan ser enajenados para obtener recursos”. Esto es parte de una racionalización del gasto público para lograr un redireccionamiento de los recursos municipales hacia los gastos prioritarios.
Finalmente, plantea “evaluar la factibilidad técnica y económica, y disponer la posible reorganización y reestructuración de los servicios municipales”.
Sobre el pago de deudas. Respecto a las eventuales deudas que tiene el municipio, los acreedores, como también de los entes y empresas, deberán acreditarlas en un plazo definitivo.
La idea es cancelarlas en principio a través de cheques de pago diferido. Por el momento se descartó la emisión de bonos para afrontar las deudas.
El proyecto de Llaryora faculta al Ejecutivo a “crear una Comisión, con el objetivo de evaluar y dictaminar sobre las actividades financieras y administrativas internas del Municipio, siendo sus funciones las que por vía reglamentaria se determine”.
Sobre la emergencia social. La comuna adhiere a la Emergencia Alimentaria Nacional, Ley Nacional 27519. En esa línea, se autoriza al Ejecutivo a “establecer o prorrogar por resolución del Organismo Fiscal, planes de regularización de deudas originadas en obligaciones fiscales vencidas, asi como sus intereses, multas y accesorios, con independencia del estado actual de las mismas».
Sobre el retiro voluntario. Se establecerá un régimen para empleados que les falte menos de 10 años para acceder a un beneficio jubilatorio. Esta solicitud podrá denegarse cuando el retiro afecte el regular funcionamiento del área en el que se desempeña. Además, la propuesta faculta al Ejecutivo para reestructurar el Gabinete, con el fin de racionalizar las estructuras, suprimiendo o congelando cargos.
Por lo pronto, la decisión de achicar en 25% la planta de funcionarios, generará un ahorro de $160 millones anuales, según explicaron fuentes de la Municipalidad.
Finalmente, el artículo 23 fija la adhesión de la comuna a la “Ley Nacional N° 27.541
Tal como sucedió con el proyecto de emergencia económica a nivel nacional, el Ejecutivo municipal tendrá facultades como la de reestructurar o reperfilar la deuda.
Más letras, auditoría y fondos
Letras. Se emitirán por un monto mayor al que solicitó autorizar Mestre para 2020.
Auditoría. Hay conversaciones con la UNC y otras casas de altos estudios para auditar la situación financiera pero también el patrimonio de la comuna.
Fondos específicos. Además de los ya existentes para obras de gas y cloacas, se crearán nuevos o se fortalecerán como el caso del vinculado a Catástrofes Climáticas y Emergencia Social.
También habrá un Fondo Ambiental, otro para Políticas Sociales y uno para Descentralización.
Reclamo de contribuyentes. Se creará una comisión mixta para resolver casos específicos de contribuyentes por situaciones planteadas.
Subasta electrónica. Se modificará la Ordenanza de Compras y Contrataciones para habilitar esa herramienta y “simplificar, transparentar y ahorrar recursos”.
Por Cristian Dominguez
Fuente: Comercio y Justicia
