Mauricio Jaimes, de la Unión Cívica Radical, dijo que el organismo “no funciona, nunca funcionó”. También se sumaron al reclamo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
El legislador de la Unión Cívica Radical (UCR), Mauricio Jaimes, exigió la renuncia de la titular de la Senaf, Julia Rearte, luego de que dos profesionales de una residencia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia fueran acusados de abuso sexual tras el crimen de Aralí Vivas en la localidad de Brinkmann en Córdoba.
Jaimes aseguró que “Senaf no funciona, nunca funcionó” y enfatizó en la necesidad de una “reestructuración completa” del organismo. En el mismo marco, presentó un pedido en la Legislatura para abordar esta problemática: “es imposible que haya una reestructuración completa si no se aparta del cargo a la secretaria Julia Reartes«.
Hoy pedí el apartamiento de los responsables del Senaf, Julia Reartes y la subsec. Es urgente una reestructuración del área. Jamás funcionó y los niños sufren las consecuencias de un Estado que hace oídos sordos @JuanFedericoCba @guielopez @Cadena3Com @LAVOZcomar
— MAURICIO JAIMES (@MAURICIOSJAIMES) November 8, 2024
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A su vez, también criticó la falta de capacitación del personal de Senaf, destacando que “la secretaría de la Senaf dijo que un 40% de los empleados está en condiciones para el cargo, lo que implica que más de la mitad no está preparado para atender a niños y adolescentes”.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció la impericia de la ministra de Desarrollo Social -Liliana Montero- y la Senaf. Resaltan que su accionar “fueron aspectos centrales que posibilitaron el escalofriante homicidio de la niña de ocho años” en referencia a Aralí Vivas.
También se sumó el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que responsabilizó a las autoridades provinciales por “la tragedia” ocurrida y por cualquier daño que sufran los trabajadores del área.
Cabe recordar que la Senaf es el único organismo encargado de establecer medidas de excepción cuando hay niños en contextos muy vulnerables. Puede sacarlos para protegerlos por un lapso máximo de un año y medio.
En ese tiempo, puede restituirlos si la situación crítica de acecho a sus derechos se modificó o puede disponer el retiro definitivo sobre el cual luego actuará un Juzgado que declarará la adoptabilidad de ese niño o niña.
